Los vecinos de El Rompido siempre lo han tenido muy claro. El precio de La Barranca que se erige junto a sus casas sobre la Ría del Piedras como una atalaya, y que desde tiempo inmemorial es para los rompieros un “símbolo”, una “seña de identidad”, y “vigía de los recuerdos de El Rompido” como la definió el conocido poeta local Julio Valenciano, no tiene precio.

No obstante, parece que hay quien se ha empeñado en jugar con los sentimientos de estas gentes curtidas en la mar y, si hasta el momento su propietario no ha podido edificar sobre la misma por estar calificada de “libre uso y dominio público”, el equipo de gobierno de Cartaya (ICAR, PP y PA), aprobó en el pleno del pasado 4 de mayo una recalificación urbanística de los terrenos que ocupa, por lo que a partir de ahora pasará a tener un “uso lucrativo de dotaciones y servicios turísticos de carácter privado”, que permitirá construir en el 50% de sus 3.000 metros cuadrados de superficie edificios de hasta cuatro metros de altura.

La noticia supuso un latigazo para el sentimiento de los vecinos de El Rompido, a los cuales además se les informó sobre el asunto en un Bando Municipal que el Ayuntamiento colgó en la plaza de La Sirena. El Rompido estaba indignado. 

Baile de cifras
Pero lo llamativo del caso es que el portavoz del tripartito que gobierna en Cartaya, Gabriel Maestre (PP), argumentó en el pleno que debido a la actual situación de las arcas municipales, el Consistorio no podía pagar por La barranca a su propietario los 3,5 millones de euros que éste, al parecer, le pide por su venta. Hasta aquí, todo normal y dentro de toda lógica. Pero, cual es la sorpresa de propios y extraños cuando tan solo unos días después, el propio equipo de gobierno hace público un comunicado de prensa en el que esa cifra quedó reducida a 1,7 millones de euros. Algo no cuadra.
Pero la sorpresa es mayúscula cuando unos días después, el Partido Socialista de Cartaya hace pública una valoración que por los terrenos, a petición del propietario, ha realizado la Comisión Provincial de Valoraciones (o expropiaciones) que reduce aún más la cifra, dejándola en 400.000 euros. Los socialistas no daban crédito a este baile de cifras, pero sobre todo a la diferencia entre los 3,7 millones de euros iniciales argumentados por Maestre, y los 400.000 euros en que la Comisión Provincial de Valoraciones ha tasado los terrenos.

Nadie entiende qué está sucediendo o que intereses puede haber detrás de tan dispares datos, pero lo cierto es que el PSOE se ha apresurado a pedir al alcalde de la localidad, Juan Polo (ICAR), que “deje de mentir” a los ciudadanos sobre el precio de La Barranca.

Los socialistas acusan al gobierno local de “plegarse a los intereses privados en vez de luchar porque vecinos y visitantes puedan seguir disfrutando de esta seña de identidad de los rompieros”. También exigen que “no se den más cifras inasumibles ya que el Ayuntamiento debe ser el propietario de La Barranca”.
 
Huertos sociales
Para colmo, se da la circunstancia de que un grupo de 6 o 7 jubilados de El Rompido han encontrado en el cuidado de sus huertos, ubicados desde tiempo inmemorial en este excelente mirador desde el que se divisa casi toda la Costa Occidental onubense, una buena forma en la que pasar su tiempo libre sin perder de vista la mar que los ha criado y curtido como marineros. Aseguran no entender de política, ni de urbanismo, pero saben que la decisión municipal de privatizar La Barranca supone una estocada mortal para la continuidad de sus huertos.

‘Salvemos La Barranca’
Por todo ello, el PSOE de Cartaya ha iniciado una campaña de recogida de firmas con la que bajo el nombre ‘Salvemos La Barranca’, pretende evitar la “privatización del uso” de este espacio.

El portavoz de dicha formación en la localidad, Alexis Landero, ofreció recientemente sobre La Barranca una rueda de prensa en la que pidió al gobierno tripartito que “cambie el talante y dialogue para poder hacerse con este espacio emblemático”.

Y es que según Landero, lo aprobado por ICAR, PP y PA “permite una edificabilidad de hasta cuatro metros de altura, así como una ocupación del 50% del terreno, o sea, hasta 1.500 metros cuadrados”. En este sentido, pidió al alcalde Juan Polo (ICAR) que “dialogue con el propietario del terreno para poder hacerse con él y que este espacio siga estando disponible para vecinos y visitantes”. “La Barranca es un excelente mirador usado por muchos, donde existen incluso varios huertos sociales”, añadió.

El portavoz socialista señaló igualmente que el alcalde “no quiere dialogar con el propietario y, por tanto, no trabaja para que los ciudadanos podamos seguir disfrutando de este espacio”.

El PSOE reprocha que el propio Ayuntamiento, teniendo la valoración de la Comisión de Expropiaciones (400.000 euros), que es muy inferior a la que pide el propio Consistorio, “no llegue a un consenso para que los rompieros no pierdan este terreno y siga siendo una zona de libre uso y dominio público, y no que se haga de uso lucrativo y de servicios turísticos de carácter privado”.

Landero subrayó el apoyo que están recibiendo por parte de los cientos de vecinos, residentes y turistas, “que están estampando su firma contra esta decisión”.