El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva ha desestimado el recurso interpuesto por el exalcalde socialista de Bollullos Par del Condado Carlos Sánchez y cuatro concejales de su corporación y ha confirmado el auto de procesamiento dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado, por un presunto delito de prevaricación al adjudicar supuestamente en 2006 el contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza de contenedores de la localidad a la empresa Cespa, supuestamente "sin tener consignación presupuestaria" para ello.
   Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal considera que "ha quedado suficientemente acreditada la relevancia penal como delito de prevaricación en los hechos que se imputan a los recurrentes".
   En este sentido, añade que de las diligencias practicadas se deducen "indicios claros de responsabilidad penal en los recurrentes", en cuanto que de los testimonios recabados, documentos e investigación judicial, resulta acreditado "el carácter injusto de la resolución administrativa por la que se adjudica un contrato de prestación de servicios públicos, sin que exista cobertura presupuestaria alguna".
   Por todo ello, tal y como indica el auto, el tribunal entiende que "existen indicios suficientes de criminalidad en la conducta de los imputados en este proceso, al menos como para formular acusación contra los mismos, tal como interesa el Ministerio Fiscal y la acusación particular".
   Tanto el exalcalde como los concejales declararon en marzo de 2012 por estos hechos, por los que Cespa le reclama una deuda que asciende a 327.485,41 euros correspondientes a las facturas de contratación de los citados servicios, los cuales se contrataron pese "al informe del Interventor en el que indicaba la insuficiencia de crédito disponible para hacer frente al contrato", según reza en el auto judicial.
   Este nuevo procesamiento de Carlos Sánchez hay que añadirlo al
del caso del recinto ferial, también confirmado por la Audiencia y en espera de la formulación del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, y en el que también se encuentran procesados varios concejales y al del Parque Ramos Mantis cuyo juicio está señalado para los días 8 y 9 de abril próximos, y en el que el Ministerio Fiscal y la Acusación Particular solicitan la pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.