Estepona celebrará pleno extraordinario antes de que finalice 2013. Así lo ha solicitado la oposición en bloque. Los grupos políticos PSOE y CIE han presentado este mismo miércoles un escrito por registro de entrada en el Ayuntamiento solicitando esta sesión urgente. Los grupos sin poder en la administración municipal pueden forzar la convocatoria de hasta tres sesiones urgentes a lo largo del año.
El objetivo es debatir varios puntos polémicos y de máxima actualidad. De un lado, el conflicto suscitado en la barriada de Huerta Nueva ante la construcción por parte de la empresa Patrimonial Adonara de una gasolinera. La oposición ha planteado en su escrito que un representante de los vecinos participe en la sesión explicando por qué están en contra de su edificación. Además, proponen la revocación del convenio que permite levantarla así como la aprobación de una nueva negociación con la mercantil para a través de una permuta de terrenos o un cambio de calificación urbanística de los terrenos la empresa pueda construir la gasolinera en otra ubicación zanjando el malestar ciudadano.
¿Negocios privados?
Otro de los puntos conflictivos de la sesión tiene como protagonista a la edil de Personal, la popular Pilar Fernández-Fígares. En el último pleno, el portavoz de CIE, Juan Manuel Rodríguez, preguntó acerca de su dedicación exclusiva en el cargo y expuso pruebas que plantean una presunta incompatibilidad por parte de la concejala. La oposición quiere ahora que el Ayuntamiento aporte la declaración de bienes y actividades de Fernández-Fígares que demuestre que la popular no está ejerciendo actividades privadas como administradora de fincas de forma paralela a sus funciones en el cargo público, algo que la propia aludida negó en dicha sesión.
Por último, también insisten en que el Ayuntamiento les aporte documentación sobre las obras que se realizarán en el Camino Cortijo de los Pobres, a través de contribuciones especiales, además del Plan de Saneamiento y el Plan de Ajuste que el Consistorio puso en marcha. Un Plan de Ajuste que supuso el despido de 176 empleados municipales como consecuencia de acogerse al Plan de Pago a Proveedores en el que se saldaron 67 millones de euros en deudas.
Una sesión que deberá ser convocada en los próximos diez días y que caldeará las fechas navideñas en el plano político municipal.
