El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona ha acordado el archivo de la denuncia presentada contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por supuesta vulneración de derechos fundamentales y contra la Administración Pública, que en su día interpuso Izquierda Unida ante la Fiscalía de Málaga y que fue traspasada a la Fiscalía de la comarca.
El auto del juez desestima la pretensión de la denuncia al entender que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía "ha resuelto declarar la legalidad del Expediente de Regulación de Empleo, lo cual debe implicar como lógica consecuencia que el Derecho Penal ya no tenga ocasión de entrar en la presente cuestión, ya que dicho Tribunal, en cuanto a garante de los derechos fundamentales de los trabajadores no ha advertido irregularidad al respecto".
Desde el Ayuntamiento se ha informado de que en este procedimiento, el Consistorio ha facilitado toda la documentación requerida por el juzgado sobre este asunto, entre ella, la relativa a personas con discapacidad que se vieron afectadas por este procedimiento.
Valoración de Izquierda Unida
El portavoz de Izquierda Unida en la localidad, Antonio Murcia, se lamentaba, en primer lugar, de conocer la noticia del archivo a través de la redacción de ESTEPONA INFORMACIÓN. Y es que ni siquiera se le habría comunicado a la formación política, como parte denunciante, de que el Juzgado Número 1 era el órgano que analizaría la demanda interpuesta. “Nuestra valoración no puede ser otra. La consideramos una sentencia decepcionante y manifiestamente mejorable, como otras muchas resoluciones judiciales que se dictan en nuestro país”, comentaba Murcia.
La denuncia se presentó al considerar que el Ayuntamiento ponía “en situación de exclusión a los trabajadores despedidos con discapacidad y no se respetaba, además, el cupo mínimo de personas discapacitadas que debe tener toda administración pública”.
El portavoz de Izquierda Unida en Estepona se lamentaba, no ya solo de que no se les haya notificado la resolución, sino además de que “ni siquiera se nos ha llamado para declarar y que nos ratificáramos en la denuncia que interpusimos en su día”. Por otro lado, desde IU se critica también que se haya tomado esa decisión basándose en la resolución de la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuando no hay una sentencia firme, pues existe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Regocijo municipal
La concejala del área de Personal, Pilar Fernández-Fígares, ha destacado que el Ayuntamiento actuó con transparencia y cumpliendo con la legalidad durante toda la tramitación. "Tanto el TSJA como la Inspección de Trabajo avalaron nuestra decisión porque comprobaron que nuestro único objetivo era garantizar la estabilidad económica del Consistorio", ha subrayado la edil.
La edil ha manifestado que la insuficiencia presupuestaria en la que se encontraba el Ayuntamiento, "con una deuda cuando accedimos al gobierno de 300 millones de euros, se vio agravada con la obligación legal de aprobar un plan de ajuste -que fue informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda- y que decía que había que bajar el gasto de personal en seis millones de euros". "Convocamos a los sindicatos y tuvimos 11 reuniones infructuosas y que acabaron en la reducción del número de empleados", ha recordado la edil.
En este sentido, ha subrayado que este equilibrio presupuestario conseguido en las cuentas municipales ha permitido devolver a la ciudad en forma de reversión de servicios ese esfuerzo económico que mediante el pago de impuestos están haciendo.
