¿Mintió ayer el concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, al asegurar que le habían pillado por sorpresa las nuevas imputaciones en el caso de un presunto desfalco de más de 200.000 euros en el Ayuntamiento de Estepona?
A juzgar por el documento al que ha tenido acceso ESTEPONA INFORMACIÓN, el edil popular faltó a la verdad. Porque, ¿cómo es posible que dijera que no sabía nada de la posible implicación de los nuevos imputados, si ya el 6 de junio de 2012 un informe del Tesorero Accidental, Antonio Benítez, dejaba de manifiesto que se habían realizado anulaciones de ingresos en efectivo con las claves informáticas de otras dos trabajadoras, y no solo de la empleada que fue despedida de manera fulminante al inicio de la investigación?
El informe elaborado por el Tesorero accidental responde a un decreto de Alcaldía del 16 de abril en el que "se ordenaba inicio de investigación y recopilación del máximo de datos aclaratorios de las diferencias que parecen existir entre la recaudación real y la que figura en la Tesorería municipal".
Así, Benítez plasma en el documento que "con fecha 19 y 24 de abril he firmado informes relativos a las operaciones de ingresos presupuestarios de 2009 que han sido anulados y que no figuran en el Libro de Caja ni en las cuentas bancarias de la Corporación del ejercicio 2009".
Además, afirma que "después de cotejar las anulaciones efectuadas en los ingresos de no presupuestario en el libro de caja de la Corporación del 2009 y las cuentas bancarias de la Corporación de 2009, se ha comprobado que las operaciones que fueron inicialmente ingresadas en la Caja Corporación y de las cuales se extendió la correspondiente carta de pago, para a continuación ser anuladas y que no constan que hayan sido ingresadas en ninguna cuenta bancaria de la Corporación".
Los casos concretos
El Tesorero accidental manifiesta que se había pedido a los terceros afectados (aquellos que depositaron dinero en efectivo) que comparecieran en el Ayuntamiento con los originales de las cartas de pago. Por poner un ejemplo, figura una empresa que abonó 2.000 euros y que "indica que se ha personado a lo largo de estos años en varias ocasiones en la tesorería Municipal para reclamar la devolución de dicha garantía". Algo parecido sucede con otras empresas, con ingresos de 172 y 860 euros. Llama la atención el punto octavo, en el que Benítez asegura que "las altas de los ingresos de 172 y 860 euros fueron efectuados por una usuaria (...), empleada que se incorporó a la tesorería Municipal el 03-02-2009 y, que según me indica la Jefa del Negociado, no tenía autorización para recibir dinero en efectivo" Y aún peor, relata que "también figura una baja de ingresos de importe 4.488 euros efectuado" por esa misma usuaria.
El punto décimo manifiesta que "el resto de operaciones que figuran en la tabla han sido dadas de alta y baja por el usuario (...)", que corresponde a la trabajadora despedida.
Una tercera clave de usuaria (distintas a las anteriores), aparece en el informe del Tesorero en su último punto, haciendo alusión a un ingreso de 4.192,93 euros de una empresa, que se correspondía con una fianza que tenía que ser devuelta a su titular "y que fue dado de alta nuevamente en 2010 por la misma usuaria, lo que resulta "era imposible porque dicho ingreso se efectuó en efectivo en el ejercicio 2009. Para poder realizar dicha operación en alta y que no descuadrasen las cuentas bancarias se ha detectado la anulación de diversos ingresos de guarderías municipales que sí se realizaron realmente a través de dicha cuenta bancaria".
En definitiva, altas y anulaciones de movimientos que se realizaron con tres claves distintas, y de las que el Ayuntamiento tenía conocimiento en junio de este año. Sin embargo, ayer el edil de Hacienda mostraba sorpresa. ¿Cómo es esto posible? Y ¿por qué no se ha actuado de la misma manera con todos los trabajadores imputados en este presunto caso de desfalco?
