Esquerra Republicana (ERC) y el PDeCAT han coincidido en plantear en el Congreso el cierre de la oficina del Alto Comisionado para la Marca España, creada en el 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La iniciativa se votará en una próxima reunión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Las formaciones independentista se escudan en el informe que presentó el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, en el que se ponen de manifiesto una serie de déficits en la regulación y funcionamiento de la institución.
Concretamente, el informe recogido por Europa Press señala que el Alto Comisionado todavía carece de desarrollo normativo, que su financiación es "prácticamente inexistente", que padece una evidente falta de medios que le impide realizar su labor, y que ni siquiera comprueba el cumplimiento de los convenios que suscribe.
En su comparecencia, Álvarez de Miranda quiso dejar claro que el Tribunal de Cuentas no cuestiona la existencia de Marca España, pero sí insistió en la necesidad de completar su desarrollo normativo y dotarlo de los "suficientes" medios para poder evaluar el resultado de una actividad que, a su juicio, puede ser "perfectamente defendible y positiva".
"DE VERGÜENZA AJENA"
Para el portavoz de Esquerra en la Comisión Mixta, el senador Bernat Picornell, las conclusiones del informe son "de vergüenza ajena" y ponen de manifiesto posibles "intereses ocultos" en la gestión de la Marca España. A su juicio, "ante la evidencia de ocultación de información que pone de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas, hay que preguntarse si existen intereses más allá de los objetivos del Alto Comisionado para la Marca España a través de los convenios con determinadas empresas".
En ese contexto, y atendiendo a las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas, ERC insta a "clausurar la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y el cese de todas sus actividades".
También el PDeCAT aboga por "proceder a la inmediata supresión y liquidación" del Alto Comisionado de Marca España al constatar que en estos seis años desde su creación "no se ha desarrollado normativamente" y "no ha sabido determinar sus objetivos y acciones concretas y medibles".
Además, y como el Tribunal de Cuentas ha concluido que "contrariamente a lo que sucede en iniciativas de marca país desarrolladas en otros países de nuestro entorno, la gran mayoría de las líneas de actuación previstas no depende de la acción del Alto Comisionado, ni en su planificación ni en su impulso ni en su consecución", la antigua Convergència argumenta que "su supresión es necesaria en aras a evitar duplicidades de funciones y tareas".
Frente a esta exigencia de cerrar la oficina, Ciudadanos prefiere pedir al Gobierno que presente en las Cortes "una evaluación del trabajo desempeñado por el Alto Comisionado, una estrategia de Marca España y un plan de futuro para este Alto Comisionado".
POSIBLE CONFLICTO DE INTERESES
Más en concreto, Unidos Podemos se centra en pedir un examen de "los acuerdos económicos suscritos por el alto comisionado" y una investigación de un posible "conflicto de intereses a colación de sus acuerdos verbales con una empresa textil de la que era consejero el propio comisionado", Carlos Espinosa de los Monteros.
El PSOE y el PP, por su parte, se limita a pedir el cumplimiento de las deficiencias detectadas por el Tribunal de Cuentas en cuanto a falta de medios y de normativa, y aconsejan también que los objetivos de la planificación de las actividades de Marca España se acuerden con las comunidades autónomas para "promover conjuntamente una imagen potente de España en el exterior".
