Los exconsellers del Govern Jordi Turull y Josep Rull, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez, todos diputados de JxCat en el Parlament, han presentado un recurso de apelación contra la confirmación del auto de procesamiento del magistrado instructor de la causa del Tribunal Supremo por el proceso soberanista, Pablo Llarena, rechazando la rebelión porque no hubo violencia en ningún momento y resaltando la "debilidad" de las acusaciones.
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de los tres diputados, Jordi Pina, considera que Llarena, "consciente de la debilidad de la anterior calificación" --tal y como considera también el tribunal de Schleswig-Holstein que debe decidir sobre la extradición de Carles Puigdemont--, ahora apunta inesperadamente a sedición o conspiración a la rebelión en su último auto.
Descartan que los tres incurrieran en un delito de rebelión porque la violencia en el proceso soberanista "brilla por su ausencia", ya que lo único que pretendían los ciudadanos movilizados era poder emitir su voto el 1-O, y señalan en el escrito el carácter absolutamente excepcional en todos los sentidos de este procedimiento.
De hecho, lamentan que se haya hecho una "calificación absolutamente desmesurada" y creen que solo se puede explicar por el contexto político que subyace de estos hechos, ya que hay afirmaciones del magistrado Llarena en su auto que consideran que no se corresponden con la realidad.
"El delito de rebelión exige que la proclamación de independencia sea el propósito de quienes se alzan violentamente, lo que impide aplicar este tipo a quienes simplemente piden votar", alega Pina, puntualizando que el día 1 de octubre fueron a votar personas a favor y en contra de la independencia.
Asimismo, en el recurso hacen hincapié en que, después de la jornada, no se persistió en conductas supuestamente violentas: "Curiosa rebelión la que se ejerce sin esgrimir una sola arma y marchando los rebeldes pacíficamente a dormir a su casa al final de la jornada".
De hecho, consideran que el 1-O no hubo conductas violentas reseñables porque la gran mayoría de personas se limitó a resistir de manera pasiva y que "las únicas personas que llevaron la iniciativa en el empleo de la fuerza física fueron los agentes policiales".
Por ello, ven lamentable que en los atestados de la Guardia Civil "nada se diga de la violencia empleada por los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado frente a pacíficos ciudadanos que por arma blandían una papeleta electoral".
20 DE SEPTIEMBRE
Sobre las concentraciones en la sede de la Conselleria de Vicepresidencia y Economía el 20 de septiembre, consideran que cualquier analogía con el golpe de Estado del 23F "resulta sencillamente inaceptable".
"Si el propósito de las decenas de miles de personas concentradas hubiera sido realmente el de alzarse o sublevarse violentamente, la sede oficial habría quedado sencillamente arrasada", sentencian.
Esgrimen que la concentración de personas ese día fue un acto de "legítima protesta en ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación y no un alzamiento o insurrección", y si bien admiten que las miles de personas concentradas dificultaron la salida de la comisión judicial, recalcan que absolutamente nadie sufrió el menor rasguño.
"Jordi Sànchez llamó en todo momento a los manifestantes a la calma, actuó como interlocutor con los agentes y facilitó su actuación, pidiendo a los manifestantes que abandonaran el lugar cuando se hizo tarde", resumen.
En el recurso, Jordi Pina compara este acto de protesta a las manifestaciones para impedir desahucios --también contra comitivas judiciales-- y "no se tiene noticia de que jamás ningún manifestante de las llamadas plataformas antidesahucios haya sido procesado por sedición".
COMPETENCIA TERRITORIAL
Los tres políticos cargan duramente contra Llarena por asumir la causa en lugar del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), la "enésima anomalía procesal", con la que se lesionan gravemente sus derechos fundamentales, según ellos.
Consideran que un caso que no tuviera el "particular trasfondo" que tiene éste se hubiera rechazado instruir en el Supremo, ya que la asunción de la competencia se basa en supuestas conexiones territoriales absolutamente frágiles.
Esta "asunción absolutamente forzada", según ellos, ha servido como justificación para internar a los procesados privados de libertad en prisiones madrileñas, causando con ello un gravísimo trastorno no solo a los propios procesados, sino sobre todo a esposas e hijos, defienden.
Sobre la malversación, critican que Llarena haya detallado los indicios que tiene contra los procesados en el escrito que desestima el recurso de reforma, lo que creen genera indefensión al no haber contado antes con esta información.
