La Audiencia Nacional ha autorizado el traslado de Arkaitz Rodríguez Torres desde la cárcel de Logroño, donde se encuentra junto a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, hasta el Hospital Universitario de San Sebastián para someterse una prueba médica a consecuencia de una operación en su pierna a la que se sometió en 2011, han informado a Europa Press fuentes jurídicas y penitenciarias.

   La decisión ha sido adoptada el pasado 25 de agosto por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, que ha atendido el criterio del equipo médico de la prisión riojana, donde recibe tratamiento de fisioterapia.

   El informe firmado por la Jefa del Servicio Médico de la cárcel de Logroño al que ha tenido acceso Europa Press, considera "necesario e imprescindible" que el preso sea atendido por el mismo equipo de profesionales que le practicó la cirugía hace ahora tres años.

   En concreto, según las mismas fuentes, Arkaitz Rodríguez será trasladado al hospital donostiarra para que se le practique una ganmagrafía ósea. Este tipo de prácticas médicas comprueban si existe alguna complicación en el hueso en los casos en los que se da una mala consolidación tras una lesión. También sirve para detectar posibles lesiones tumorales, según expertos médicos consultados.

NO ES LA PRIMERA SALIDA

   No es la primera vez que este interno es trasladado a ese hospital para recibir tratamiento médico en relación con esta operación. En todos los casos sus trasladado han sido acordados por la Audiencia Nacional en virtud de los informes médicos, pero en contra del criterio de Instituciones Penitenciarias y la Fiscalía, que se muestran en contra.

   Arkaitz Rodríguez fue responsable de Haika en Álava y fue condenado junto con Otegi, ahora secretario general de Sortu pese a estar en prisión; Miren Zabaleta y la extesorera del PCTV, Sonia Jacinto. En concreto Rodríguez fue condenado inicialmente a ocho años de prisión por la Audiencia Nacional aunque posteriormente el Tribunal Supremo le rebajó la pena a seis años.

   El pasado julio el Tribunal Constitucional acordó, por siete votos frente a cinco, mantenerles a todos en prisión. Se les acusa de la reconstrucción de la formación ilegalizada Batasuna a través del proyecto Bateragune y bajo las órdenes de la banda terrorista ETA.