Rodríguez Villalobos, que este miércoles se ha reunido en Madrid con el director general de la Tesorería, ha explicado que hay una "predisposición absoluta" por parte de éste para analizar "caso por caso" el de los 26 consistorios sevillanos que mantienen deuda con la Seguridad Social y, de ese modo, poder aplicar "la terapia que cada uno necesita".
Desde este jueves mismo, la Diputación y la Dirección Provincial de la Tesorería de Sevilla se pondrán en contacto para iniciar ese estudio correspondiente de cada uno, ha indicado Rodríguez Villalobos, que también ha querido resaltar la "colaboración estrecha" del subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés -también presente en la reunión-- en la tarea de aliviar la situación deudora de los municipios.
"Cada uno es un caso y cada uno es un mundo", ha mantenido el presidente, que ha propuesto al Gobierno central dos posibles fórmulas para saldar, en primer lugar, los 2,5 millones de euros de deuda inaplazable que arrastran y aliviar así la situación de los consistorios, de acuerdo a las circunstancias de cada uno.
Por una parte, se plantea poner a disposición de la Tesorería las liquidaciones que se resuelvan positivas de los ayuntamientos o, si no fuera suficiente, anticipar a los consistorios, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef), el dinero, para que sea devuelto "sin interés" en el siguiente ejercicio.
Por otro lado, en el encuentro de este miércoles se ha alcanzado el compromiso de estudiar un acuerdo sobre el grueso de la deuda -que asciende a alrededor de 25 millones de euros-- de modo que su forma de pago pueda ser "estirada al máximo". El presidente de la Diputación ha indicado que el director de la Tesorería se ha mostrado "predispuesto a esa flexibilidad" para que si ahora los ayuntamientos tienen que devolverlo en cinco años, el plazo se pudiera alargar, tal vez a "siete u ocho", ha dicho.
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS
Por otra parte, Rodríguez Villalobos ha informado al director de la Tesorería que la Diputación ya ha empezado a trabajar en los 23 ayuntamientos que aún no han liquidado sus presupuestos -la mayoría los de 2010 pero también alguno de 2009-- y sobre los que ya pesan "amenazas" de que se les puedan retener los ingresos de sus tributos.
A través del OPAEF y de Impro, la institución provincial ha puesto en esos consistorios personal experto y herramientas informáticas para que puedan presentar las liquidaciones lo antes posible y "levanten el pie de esas retenciones que para algunos es la muerte", ha concluido.
