La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha destacado este lunes que el 70 % de las sentencias que se dictan en España por delitos de violencia sexual afectan a menores.
Antes de intervenir en un encuentro de jueces y médicos sobre salud, infancia y derechos, en el que expertos del Estado abordan de forma integral el fenómeno de la violencia contra la infancia y la adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria, Carmona ha dicho que la coordinación entre estos servicios es fundamental para que las víctimas de violencia, especialmente las menores de edad, que son las más vulnerables, estén perfectamente protegidas.
Esta coordinación lleva haciéndose desde hace mucho tiempo, pero especialmente desde hace dos años, cuando se puso en marcha en Las Palmas de Gran Canaria como proyecto piloto un juzgado que se dedica específicamente a la violencia infantil, una experiencia que se pretende hacer extensible a todos los partidos judiciales del país y que se replicará en breve en Alicante, según ha anunciado.
Carmona ha recalcado que los menores son especialmente vulnerables a todo tipo de violencia, pero sobre todo a la sexual y, por eso, se necesita que los médicos colaboren con la Justicia para poder detectar los casos de violencia infantil que han aumentado tras la pandemia.
"Sospechamos que en la época del confinamiento duro, cuando estuvimos encerrados en los domicilios, donde se cometen el 75 % de las agresiones sexuales a menores y cualquier tipo de violencia, estos casos se han elevado enormemente", sin que se registren diferencias notables entre comunidades autónomas, ha referido.
La secretaria judicial ha subrayado también que de las diez sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, en las que redujo condenas como consecuencia de la ley del sólo sí es sí, "siete afectaban a víctimas menores de edad".
Carmona también ha pedido colaboración del personal docente para detectar estos casos, ya que en las aulas los niños pueden contar cosas que no cuentan en su ámbito familiar, de donde suelen provenir sus agresores sexuales, en su mayoría varones: padres biológicos, parejas de las madres o tíos.
Desde que se aprobó la Lay de Protección de la Infancia y la Adolescencia "toda la ciudadanía está obligada a denunciar cuando sepa que un menor esté siendo víctima de cualquier tipo de violencia", ha advertido.
La presidenta del Observatorio ha confirmado que, según las estadísticas del Ministerio del Interior, está aumentando el número de casos detectados de víctimas menores de edad, en su mayoría denunciados desde el ámbito sanitario o educativo, por lo que entiende que "se está aprendiendo a detectar mejor estos casos para poder sacarlos de ese círculo de la violencia, algo que resulta imprescindible porque el niño jamás va a denunciar un hecho así que viene de su entorno".
