Los partidos han reiterado su deseo de regular el desarrollo y el despliegue de la inteligencia artificial (IA) para asegurar la protección de los derechos fundamentales, pero no se detecta todavía que estén utilizando y aprovechando los beneficios que esta tecnología les podría brindar, para -por ejemplo- mejorar la llegada de sus mensajes o profundizar en el análisis de los datos más allá de las encuestas tradicionales.
La inteligencia artificial se ha colado en todas las agendas políticas, tras los sucesivos llamamientos desde el ámbito científico y tecnológico -incluido el de algunos de sus principales impulsores durante las últimas décadas- para pausar durante un tiempo los experimentos con la IA más potente y avanzada y sobre los elevados riesgos y las consecuencias catastróficas que los fallos de esta tecnología puede causar.
Pero se suceden también las citas de quienes piensan que es ya imparable y las de quienes abogan por regulaciones y legislaciones robustas que garanticen la protección de las personas, pero también por aprovechar todas las oportunidades que brinda; también para mejorar las políticas públicas y mejorar la atención a los ciudadanos.
Más allá del temor a la desinformación y a los "chatbots" capaces de generar y de viralizar noticias falsas, los partidos políticos apenas aprovechan las oportunidades de la inteligencia artificial y ponen el foco en la utilización de los recursos más tradicionales, incluidas ya entre éstos las redes sociales.
Pablo Haya, director de Analíticas de Negocio y Lenguaje del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, un centro de investigación, desarrollo e innovación pionero en "big data" e inteligencia artificial, ha diferenciado entre las políticas que impulsan los gobiernos para potenciar la IA; las medidas concretas que aplican para mejorar los servicios públicos y la atención a los ciudadanos; y el uso que los propios partidos hacen de esta tecnología.
En declaraciones a EFE, Pablo Haya ha situado en el primer grupo la puesta en marcha de la Secretaría de Estado de Digitalización e IA, la Oficina del Dato -dependiente de esa secretaría-, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA) -un organismo de nueva creación que se ubicará en A Coruña- o el primer "banco de pruebas" como piloto del futuro Reglamento Europeo de IA.
En el segundo grupo sitúa las medidas, basadas en IA, para mejorar las políticas públicas, e incluye aquí las técnicas de análisis de datos como una herramienta que se tendría que incorporar paulatinamente como apoyo a la toma de decisiones; pero incide en la palabra "apoyo", ya que "en ningún caso se pretende una gobernanza algorítmica total", y se ha mostrado convencido de que la IA puede ayudar tanto en la evaluación como en la elaboración de una comunicación clara y cercana que facilite el acceso a los servicios públicos.
Y en el tercer grupo (el uso de la IA por parte de los partidos) ha subrayado que el análisis de datos de fuentes que vayan más allá de las encuestas puede ser una herramienta que ayude a detectar palancas que muevan la intención de voto, o que las IA generativas (como ChatGPT) pueden ayudar a los políticos a explicar mejor sus mensajes.
Pablo Haya augura que será en próximas citas electorales cuando estas tecnologías de IA generativas se incorporarán a los equipos que gestionan las campañas, ya que además "son herramientas fáciles de usar y que facilitan el trabajo de los profesionales de la comunicación, ya sea para pulir mensajes, crear nuevas ideas o generar contenido gráfico".
A su juicio, son inevitables los malos usos de cualquier tecnología potente -recuerda en ese sentido los casos de Cambridge Analytics y sus intervenciones en las elecciones estadounidenses-, pero insiste en la importancia de estar "precavidos; no obsesionados" y en la necesidad de una regulación que garantice los derechos y limite los usos nocivos, incluidos los que provienen desde la propia clase política.
Y en ese sentido ha recordado que la nueva Ley de Protección de Datos ya pretendió incorporar un precepto que permitía a los partidos recopilar datos personales sobre las opiniones personales de las personas dentro de las actividades electorales y que fue tumbado por el Tribunal Constitucional tras el recurso que promovieron varias asociaciones, juristas o el propio Defensor del Pueblo.
Sí entiende este experto la preocupación cada vez más extendida ante las noticias falsas y la desinformación y por los contenidos generados por máquinas que emulan a personas, y augura en este sentido una revalorización de la labor del periodista "como figura clave en la garantía de la fiabilidad de la información que consumimos".
