La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) han pedido la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por sus ataques a los jueces con ocasión del proceso de revisión de condenas por delitos contra la libertad sexual a causa de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
En un comunicado, la APM, mayoritaria en la carrera judicial, expresa su "más enérgico rechazo" a las "descalificaciones vertidas contra los jueces" por Irene Montero y otros responsables políticos.
Irene Montero acusó de machismo a los jueces por el goteo de rebajas de condenas a delincuentes sexuales que se han dado a conocer en las últimas horas en aplicación de la nueva ley.
"En un Estado de derecho es perfectamente admisible la crítica a las resoluciones judiciales aunque sería recomendable que si tales críticas provienen de otro poder del Estado se produjeran dentro de la ponderación y la prudencia que demandan las más elementales normas de respeto institucional", señala la APM.
Añade que "la acusación de que existe un prejuicio generalizado en el poder judicial contra las mujeres, además de carecer del más mínimo rigor y sustento real, resulta ofensiva y produce una alarma innecesaria y devastadora en la confianza de quienes son o han sido víctimas de estos delitos, devaluando los estándares de calidad democrática que en toda la UE reclama el valor Estado de derecho".
"Los jueces y juezas en España estamos firmemente comprometidos con la protección de las víctimas y de igual modo con las garantías de quienes están sometidos a un proceso penal", asegura la APM.
Apunta que "ese compromiso comporta el diligente cumplimiento de las obligaciones que resultan de la aplicación de la ley que soberanamente ha sido aprobada por las cámaras legislativas en cuanto a prestar a unos y otros la necesaria tutela efectiva".
"Acudir a descalificaciones generalizadas con fundamento en pretendidos prejuicios y estereotipos en lugar de asumir con honestidad la posibilidad de que la norma pueda dar lugar a interpretaciones que pueden resolverse, por imperativo de los básicos principios penales en favor del reo, resulta una actuación totalmente reprobable por falsa y por injusta", insiste.
Agrega que "sobre todo teniendo en cuenta que tal afirmación se desmiente con la evidencia constatable de la labor cotidiana de los juzgados y tribunales que persiguen con determinación y denuedo las conductas criminales que integran estos delitos contra la libertad sexual".
"Las últimas declaraciones efectuadas por la ministra de Igualdad, Irene Montero, se suman a sus ataques constantes a los jueces y juezas de este país y resultan intolerables e inadmisibles en una democracia, por lo que desde la APM exigimos su inmediata dimisión", concluye el comunicado.
Por su parte FJI pide en otro comunicado la dimisión de Irene Montero "dada la gravedad de las acusaciones vertidas" y "para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad".
FJI recuerda que durante la tramitación parlamentaria de esta ley diversas instituciones y organismos ya advirtieron de que algunos tipos penales verían reducidas sus penas y que ello podría conllevar en algunos casos la revisión de condenas ya firmes.
"Irene Montero ha manifestado que los jueces aplican de forma defectuosa la ley y que hay quienes están incumpliéndola, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, habló de justicia machista y afirmó que el problema no es la ley y la secretaria de Estado de Igualdad afirmó que era una vergüenza la falta de formación de los jueces en materia de género en España", lamenta.
FJI rechaza "esta reacción injusta y pueril" y estima que "desde el Ministerio de Igualdad debería asumirse la responsabilidad de quien, conociendo el riesgo que existía de que se produjeran rebajas de condena, no hizo el más mínimo esfuerzo por rectificar los posibles efectos no queridos de un proyecto legislativo elaborado de manera defectuosa".
