La deuda pública española marcó un nuevo récord en el tercer trimestre, cuando se situó en 1.432.228 millones de euros, aunque moderó su ratio hasta el 122,1 % del PIB, lejos del 125,3 % del PIB del primer trimestre.

Según los datos de deuda trimestral publicados este martes por el Banco de España, la deuda del conjunto de las administraciones públicas superó en 7.537 millones el récord del segundo trimestre (1.424.691 millones) y en 124.024 millones el dato del tercer trimestre de 2020.

Sin embargo, la ratio de deuda con respecto a la economía continuó su tendencia de moderación por segundo trimestre consecutivo al cerrar en el 122,1 % del PIB, siete décimas por debajo del cierre de junio y más de tres puntos por debajo del récord del primer trimestre.

Como es habitual, la mayor parte de la deuda se concentraba en la administración central, con un total de 1.281.369 millones de euros (109,3 % del PIB), 7.939 millones más que en el segundo trimestre y 103.640 millones más que un año antes.

Las comunidades autónomas también incrementaron su endeudamiento, hasta los 312.183 millones (26,6 % del PIB), 153 millones más que en junio y 10.316 millones más que en el tercer trimestre de 2020.

Solo seis comunidades autónomas aumentaron su endeudamiento en el tercer trimestre: Andalucía, Asturias, Baleares, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana.

Al cierre de septiembre, las comunidades autónomas más endeudadas eran Cataluña (82.936 millones), Comunidad Valenciana (52.301 millones), Andalucía (36.428 millones) y Madrid (34.150 millones).

Las administraciones de la Seguridad Social mantuvieron su deuda igual que en el segundo trimestre, en 91.855 millones (7,8 % del PIB), que son 17.000 millones más que en un año antes.

Por lo que respecta a las corporaciones locales, situaron su deuda en 22.343 millones (1,9 % del PIB), 300 millones menos que en el segundo trimestre y 1.400 millones menos que en el tercer trimestre de 2020.

Las cifras de las diferentes administraciones no suman el total de la deuda, dado que parte de la deuda autonómica y de la Seguridad Social también contabiliza el Estado como acreedor.