La Corte Penal Internacional (CPI) ordenó ayer el arresto del presidente de Sudán, Omar Al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región de Darfur, aunque la negativa de las autoridades sudanesas a entregarlo hace que su comparecencia ante este tribunal todavía sea incierta. 

La orden de arresto, que tiene efecto inmediato, incluye siete cargos: cinco por crímenes de guerra –entre ellos exterminio, tortura y violación– y dos de lesa humanidad –ataques directos e intencionados contra la población civil y pillaje–. 

Esta decisión de la CPI contra el primer presidente en activo imputado por este tribunal significa que “las víctimas tienen esperanza”, según declaró el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno Ocampo.
 
“No hay que olvidar que dos millones y medio de personas están muriendo lentamente en Darfur y que otras 5.000 fallecen mensualmente”, recordó el fiscal argentino, para quien el Gobierno de Sudán no puede eludir su “obligación” de entregar al jefe del Ejecutivo. 

Ocampo se mostró convencido de que la detención de Al Bachir será un hecho, ya que lo importante es que los jueces “han decidido que él es el principal responsable de crímenes de guerra y lesa Humanidad” en Darfur. 

El fiscal aclaró que Al Bachir está en el punto de mira de la comunidad internacional y que en cuanto salga de Sudán “su avión puede ser interceptado, de acuerdo con la ley”. 

La CPI dijo que pedirá “lo antes posible a todos los Estados parte del Estatuto de Roma y a los miembros del Consejo de Seguridad del Consejo de Seguridad de la ONU” que colaboren en el arresto de Al Bachir.
Además, “si fuese necesario”, esa petición se transmitiría “a cualquier otro Estado” del que se requiriese cooperación. 

El Estatuto de Roma cuenta en estos momentos con 106 Estados miembro y el Consejo de Seguridad de la ONU está compuesto por 15 Estados. 

La orden de arresto no incluye el cargo de genocidio, porque los jueces consideraron “por mayoría” que los documentos ofrecidos por la fiscalía no ofrecieron suficiente base para probar la “intención específica” de Al Bachir de destruir a una parte de la población, según explicó la portavoz de la CPI Laurence Blairon. 

Aunque, Moreno Ocampo aclaró que la fiscalía tiene la posibilidad de apelar esta decisión, que se ha tomado por mayoría y no por unanimidad, sin necesidad de presentar nuevas pruebas. 

Se espera que a principios de la semana próxima y tras el estudio detallado de la orden de arresto, los fiscales decidan si apelarán o no la decisión judicial. 

Mientras organizaciones internacionales como Human Rights Watch han acogido la noticia favorablemente, las reacciones de rechazo desde el Gobierno de Sudán no se han hecho esperar. 

El ministro de Justicia sudanés, Abdel Baset Sedrat, anunció ayer que su país no entregará su presidente y tachó la orden de arresto de “una decisión política”. 

Al Bachir, que ocupó el poder en Sudán tras un golpe militar en 1989, es el primer jefe de Estado en activo contra el que la CPI emite una orden de arresto. El Tribunal Especial para Sierra Leona está juzgando al ex presidente liberiano Charles Taylor, que todavía estaba en el cargo cuando se ordenó su detención, en 2003.