El caso ya fue juzgado por la vía administrativa en el Tribunal de Cuentas, que condenó a Rubio y Barrios a devolver el dinero que autorizó abonar indebidamente a Barrios, y ahora ha llegado a la vía penal. El martes declararon en la Audiencia provincial de Cádiz los dos imputados, a los que el Ministerio Fiscal solicita penas de cinco años de prisión y ocho de inhabilitación especial como cargo público. Durante la maratoniana sesión prestaron declaración también algunos técnicos municipales, incluidos el secretario municipal y el interventor, y ex cargos políticos como la que fuera alcaldesa de Sanlúcar en el momento de los hechos, la popular Laura Seco, quien compareció en condición de testigo al retirar la acusación particular la imputación contra ella y contra uno de los técnicos, Francisco A., a quien Rubio habría consultado el despido.
"YO NO SABÍA..."
Tanto Barrios como Rubio basaron su declaración en desmentir que se hubieran quedado con el dinero, el primero, y en asegurar su total desconocimiento sobre que no estaban actuando conforme a derecho. Tanto es así que a preguntas del abogado de la acusación, tanto el ex gerente como Rubio afirmaron desconocer los los estatutos de la empresa, que no otorgaban al ex edil, vicepresidente de la empresa de la limpieza, el poder necesario para llevar a cabo el acuerdo. Del mismo modo insistió en letrado en el hecho de que Rubio encargara a Barrios que preparara su propio despido, un tema en el ahondó el fiscal, quien sostiene en su escrito de acusación que ambos actuaron “con el ánimo de apoderarse de caudales públicos”. El ex edil del PP aseguró que desconocía los términos del contrato de alta dirección del ex gerente, por lo que accedió a pagar la indemnización de 100.000 euros “porque poco antes también se despidió a un gerente y se le indemnizó con una cantidad similar”. “Por eso no me extrañó”, dijo el ex concejal popular pero que en ningún caso se quedó con el dinero.
El fiscal sostiene en su escrito de acusación que Rubio encargó al ex gerente que fuese preparando su despido al margen del Consejo de Administración, único órgano competente en materia de despidos. Así, se firmó por parte de Rubio y Barrios un acuerdo de conciliación redactado por Barrios en el que se estableció que,además de abonarle las cantidades debidas por su trabajo, se entregaría una indemnización de 100.000 euros, más del triple de lo establecido en su contrato, sostiene el fiscal, quien además de mantener la petición de cinco años de prisión para ambos acusados, a los que les imputa un delito de prevaricación y malversación de fondos públicos, solicita la inhabilitación como cargo público por ocho años y que indemnicen solidariamente a Emulisan con 70.000 euros.
El abogado de Barrios insistió en el juicio en que el asunto era una “negligencia” pero que en ningún caso había responsabilidad penal “porque no hubo ánimo de apoderarse del dinero” por parte de su defendido. Del mismo modo, Rubio manifestó durante su interrogatorio que “creía que estaba actuando conforme a derecho” y que sólo cuando el asunto del despido fue llevado al Consejo de Administración de Emulisan para su ratificación fue advertido por el secretario municipal de que el asunto debería haberse adoptado en el seno del Consejo. Fue entonces cuando el Partido Socialista interpuso la denuncia que después ha prosperado a instancias del Ministerio Fiscal y cuando Emulisan inició los trámites para reclamarle al ex gerente de la empresa el dinero que había recibido indebidamente.
El Ayuntamiento de Sanlúcar se sumó después a la acusación particular, y en la declaración del letrado municipal quedó de manifiesto que el ex concejal no le pidió asesoramiento para llevar a cabo el acuerdo. Del mismo modo, la declaración de la ex alcaldesa Laura Seco ratificó la declaración de Rubio en el sentido de que ésta sólo estaba al tanto de que se iba a despedir al ex gerente y de que se había acordado una suma de dinero para indemnizarle, pero que en ningún caso tomó parte activa en un asunto sobre el que se espera que en breve se dicte sentencia.
