Casi un año y medio después de pedir asilo en la embajada de Rabat y tras un largo y arduo camino desde que huyó de Sudán, el joven Basir (nombre ficticio) ya está en España, casi tres meses más tarde de que la Justicia instase a la administración a promover su traslado para pedir protección internacional.
"Quiero estar a salvo y quiero ser libre", ha señalado en declaraciones facilitadas por sus abogados a EFE, al tiempo que ha solicitado que le traten con "los mismos derechos y el mismo respeto que a todos los seres humanos". "Somos todos seres humanos y merecemos ser respetados", añade.
Basir huyó en 2018 de un país en conflicto en el que sus creencias religiosas cristianas suponían un riesgo para su vida. Tras un duro periplo en el que vivió el trágico salto a la valla de Melilla en junio de 2022, en el que murieron al menos 23 migrantes, solicitó asilo en la embajada española de Rabat el 13 de diciembre de 2022, en base al artículo 38 de la ley de asilo de 2009.
Esta semana ha aterrizado en España, según informa en un comunicado DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, que le ha asistido jurídicamente en todo este proceso y que ha coordinado su traslado con ACNUR, con el consulado y embajada de España en Marruecos y con el Ministerio de Migraciones.
Aunque "muy feliz" y agradecido de "lograr esta victoria para todos los refugiados", Basir cree que toda la tardanza que ha sufrido va "en contra de los derechos humanos", particularmente de "los refugiados negros", que deben ser tratados igual que los demás.
Sus abogados denuncian revictimización a su llegada
El despacho denuncia en el comunicado una revictimización y vulneración de los derechos de Basir a su llegada a España: se le llamó por su nombre real en el avión, "desvelando" su identidad, se le impidió llamar a sus abogados y dos agentes le bajaron a pista y le trasladaron en coche a un edificio sin saber éste donde se encontraba.
Los agentes, prosigue el comunicado, "nunca le informaron de nada al respecto" y "le tomaron fotos y las huellas dactilares" ante el desconcierto de Basir, "asustado" y sin saber "si le iban a llevar a una prisión", a "expulsar" o "si le iba a suceder algo peor".
"Estaba como ciego, sin información sobre nada de lo que estaba sucediendo", señala Basir en declaraciones que facilita el despacho.
El joven esperó entre 20 y 25 minutos en una sala hasta que llegó una persona de la ONG ACCEM, designada por el Ministerio de Inclusión -prosigue el comunicado de DEMOS- que le trasladó a una dependencia gestionada por la organización, aunque sus abogados denuncian la falta de información a Basir durante todo este proceso, en el que seguía sin poder llamarles.
No fue hasta que llegó a dichas dependencias, explican, cuando pudo llamar a sus abogados, que habían perdido su rastro cuando se subió en el avión en Marruecos.
"Precedente importantísimo para las personas refugiadas"
Sus abogados, Arsenio G. Cores y Adilia de las Mercedes, celebran la victoria de Basir, que consideran "un precedente importantísimo para las personas refugiadas que solicitan protección internacional en las representaciones diplomáticas en España".
Porque el de este joven sudanés fue un movimiento inédito en Marruecos al acudir a una vía poco habitual, pero contemplada en la ley, para pedir protección internacional.
La falta de respuesta llevó a sus abogados a acudir a la Audiencia Nacional. Estos denuncian que "no hay excusa que justifique el incumplimiento" de la resolución que dictó este tribunal y que instaba al traslado urgente de Basir, y afirman que "la demora contumaz del Gobierno" ha puesto "en riesgo" al joven.
Esa resolución judicial, subrayan en su comunicado, está fechada el 29 de febrero y, a lo largo de estos meses, el tribunal ha ido dictando otras en las que apremiaba a cumplir con lo acordado. La semana pasada requirió al embajador de España en Marruecos que promoviese el traslado en un plazo de 10 días y le advertía de que no informar de la realización de actividades tendentes a ello podría dar lugar a "multas coercitivas".
Los abogados del joven, que vuelven a denunciar "racismo institucional", lamentan en el comunicado que el caso de Basir "también demuestra" que la existencia de vías legales para acceder al derecho de asilo "no es real".
