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Jueves 09/05/2024  

El Puerto

Hablan las familias okupas: “Queremos una solución en condiciones, no para un mes"

Las familias buscan respaldo por parte del Ayuntamiento, como aval, para acceder a una vivienda en alquiler

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  • Albergue municipal. -

Llevan más de una semana de okupas en el Albergue Municipal; una semana con la cocina cerrada, sin nevera ni utensilios para guardar “ni siquiera un zumo fresquito” o tostar el pan. Únicamente cuentan “con un microondas", nos asegura una de las dos familias que han okupado el Centro de Emergencia Social, que Anydes decidió abandonar , según declaraciones de los propios tranajadores, tras “reiterados impagos”.

Fue el pasado martes, 12 de marzo, cuando decidieron quedarse dentro de manera ilegal. Dos vehículos de la Policía Local y una asistenta social se habían desplazado hasta allí para proceder al desalojo de los últimos residentes a quienes se les había ofrecido realojarlos en Jerez de la Frontera. Hablamos de dos familias; una ucraniana con dos hijos, un adolescente y una pequeña de dos años, que llevaban un año allí, y una familia con una hija con síndrome de Down que residía en el lugar desde octubre. Esta última familia es la que acepta atendernos, desde la puerta, donde un vigilante de seguridad controla la entrada y salida de las familias del centro las 24 horas del día.

"Estamos mal. Almaceno los yogures en el suelo, no tengo frigorífico, donde meter mortadela ni yogurt ni nada. Ahora llega el calor, a ver cómo lo hacemos. Menos mal que ella come en el colegio. Pero durante la tarde y la noche…", se queja la madre de la niña síndrome de Down escolarizada en El Puerto. Mientras la niña está en el colegio, ellos comen allí; un catering de Afanas les facilita comida. El problema, dicen, es entre horas y a la hora de cenar.

"Esperemos habernos ido antes de que llegue el calor, nos tienen que ayudar a salir de aquí. Necesitamos una solución en condiciones, no para un mes. La solución no pasa por mandarnos a Jerez y después de un mes a la calle", dice su marido, quien lleva varios días buscando una casa para alquilar. El problema es que todas las que ha visto hasta ahora, necesita un aval.

Él tiene ingresos. Concretamente el ingreso mínimo vital, con el que podría hacer frente a “un alquiler de 400 euros”, nos cuenta, si no necesitara un aval. Los propietarios quieren garantías en caso de que no pueda hacer frente al pago.

Por eso, la abogada que les representa pide al Ayuntamiento que “sea él quien les avale". Elena, que así se llama, parece ser la única persona en quien confía la pareja, que decide dejar de hablar y pasarnosla por teléfono.

Nada más empezar hablar, nos deja claro que a ella no le ha contratado nadie, está jubilada y no está ejerciendo, “lo cual no le impide que les ayude todo lo que pueda”; una ayuda que hace “de forma desinteresada”. También aclara que no pertenece al PSOE, aunque sí acudió en su ayuda cuando se enteró de la situación. Asegura que “es el único partido que le ha brindado ayuda y pone en duda las soluciones que Bienestar Social ha buscado a sus defendidos. “Yo de los servicios sociales no me fío porque no han contado mentiras pero han contado verdades a medias”, dice la abogada. Unos servicios sociales que, insiste, un tanto ofendida,“no han querido hablar” con ella a pesar de haberles “sacado las castañas del fuego más de una vez”.

Bajo su recomendación, ninguna de las dos familias aceptó el realojo en Jerez, solución que se les ofreció el Ayuntamiento de El Puerto.

"Todo lo que les habían dicho de palabra se lo daban a firmar en un papelito, que no llevaba copia para entregarles", cuenta Elena. Un realojo, que explica, "no tenía en cuenta en ninguno de los casos la escolarización de los pequeños". Y que en el caso de la chica con síndrome de Down, al que se le ofreció este lunes la posibilidad de que una furgoneta de Afanas la recogiera, "tenía una duración de un mes". Algo que desconocían. "Menos mal que no aceptamos", murmura la pareja. "¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho?", se preguntan.

En el caso de la ucraniana, nos relata la abogada, no aceptó por incompatibilidad con su trabajo y las actividades extraescolares de sus hijos; uno de ellos juega al voleibol aquí para la Federación Andaluza, y por temor a irse y perder su puesto en la lista de espera para acceder a una vivienda de Suvipuerto.

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