El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía abordará la próxima semana la creación de un comisionado para la supervisión del cumplimiento del acuerdo de Doñana que rubricó con la Administración del Estado el 27 de noviembre de 2023.
La iniciativa la ha anunciado este jueves el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco, durante una comparecencia parlamentaria en comisión, donde ha explicado que su departamento "va a instar al Consejo de Gobierno la próxima semana" a la puesta en marcha de esa figura para la coordinación y de supervisión de las medidas socieconómicas para los municipios del entorno de Doñana.
De este comisionado ha dicho Fernández-Pacheco que va a "estar pegado al territorio" y de esta manera "estará cerca de las personas para escucharles, atenderles" y ha presentado su creación como una muestra de que "seguimos avanzando en el cumplimiento del pacto".
El consejero y portavoz ha presentado el acuerdo de Doñana como "una gran noticia para todos" que "cierra un periodo desagradable de desencuentros", convencido de la necesidad de "ofrecer soluciones a muchas familias del Condado de Huelva", a las que ha retratado como "víctimas de una injusta decisión hace nueve años" acerca de terrenos de uso agrícola que pasaron a ser considerados forestales a través del Plan de Ordenación de Recursos al norte de la Corona Forestal de Doñana, denominado coloquialmente como el Plan de la Fresa.
Fernández-Pacheco ha evocado los 1.434 millones de inversión conjunta de ambas administraciones hasta 2027, de los cuales 706 le corresponde a la Administración del Estado y 728 a la Junta de Andalucía, al tiempo que ha defendido el cumplimiento de la legalidad vigente, en la que ha incluido el Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrológica del Guadalquivir, aprobado con el decreto 35/2023, o las exigencias del procedimiento infractor abierto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2021.
Además de los seis municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bollullos, Lucena del Puerto,Rociana del Condado, Moguer, Palos de la Frontera, se acogerán a las medidas otros de otras provincias como Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) o Villamanrique de la Condesa (Sevilla), 335 millones serán para obras hidráulicas y 251 millones de fondos europeos irán a modernizar explotaciones.
Dentro de los 117 millones de medidas ambientales que contempla el acuerdo, Fernández-Pacheco ha enmarcado los 72 millones para la compra de la finca Veta La Palma, ubicada en la provincia de Sevilla, que ha descrito como "la medida más importante en el Parque desde su ampliación en 1978", y entre cuyos beneficios ha esgrimido que "garantiza la supervivencia de 300.000 aves acuáticas".
Sobre el acuerdo con el Gobierno, el consejero y portavoz ha argumentado que en la negociación la Junta de Andalucía esgrimió "siempre una línea roja", que ha detallado como que "no íbamos a aceptar que no se ofreciera soluciones a las familias afectadas por el Plan de la Fresa", antes de colegir que "la entendió el Gobierno y por eso se llegó a un acuerdo".
El acuerdo incluye ayudas de 70.000 euros para los 14 municipios incluidos en el acuerdo, que llegan a ser de 100.000 euros para los seis municipios al norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana cuyos propietarios dejen de cultivar 30 años y diseñen proyectos de recuperación de la flora y fauna y para preservar el acuífero de Doñana.
Tras esgrimir que "las negociaciones no han sido fáciles" ante "un embrollo serio" y con "una situación de los agricultores desesperada", Fernández-Pacheco ha defendido que "hoy tenemos un marco que nos permite avanzar en un clima de diálogo y cooperación".
LOS GRUPOS
El parlamentario socialista Manuel Enrique Gaviño ha asegurado que, aunque el Gobierno andaluz cree un comisionado sobre los acuerdos de Doñana, ha anunciado la presentación de iniciativas parlamentarias que obligarán a la Junta de Andalucía a explicar "cómo va el acuerdo".
Ha argumentado que el acuerdo sobre Doñana fue posible por "la honestidad del PSOE de Huelva, del Grupo Parlamentario Socialista, por el trabajo de Juan Espadas que abanderó la lucha, y la paciencia y sensibilidad del Gobierno de España", por cuanto ha indicado que la gestión del entorno de Doñana de la Junta de Andalucía "sólo iba a traer sanciones".
Gaviño ha recriminado al Gobierno andaluz "tan poco que les ha durado el buenismo" por cuanto le ha instado a "me puede explicar lo del decretazo", en referencia a que el Gobierno andaluz había vuelto a incluir en el Decreto-ley 3/2024 de simplificación administrativa el párrafo de la Proposición de Ley de los regadíos en el entorno de Doñana sobre reversibilidad de los suelos forestales a agrícolas.
El diputado de Vox Rafael Segovia ha asegurado que la iniciativa parlamentaria que propusieron PP y su grupo sobre la agricultura en el entorno de Doñana "se frustró con el acuerdo de PSOE y PP" y ha recordado que las ayudas de 100.000 euros contempladas paara los terrenos que dejen de ser agrícolas "es lo que factura un agricultor en un año".
"Denunciamos que fue un acuerdo nefasto para los municipios afectados, pero respetamos el pronunciamiento de los agricultores", ha asegurado Segovia, mientras que ha augurado que unas 600 hectáreas que eran de cultivo pasarán a ser forestales y esos agricultores "no pueden acogerse a las ayudas", por lo que ha deducido que si el propósito de la Proposición de Ley "se hizo para legalizar hectáreas ni van a poder cultivar ni van a poder acogerse a las ayudas".
El portavoz adjunto del Grupo Por Andalucía, Juan Antonio Delgado, ha asegurado que "claro que apoyamos que (Junta y Gobierno) trabajen de forma conjunta y se den ayudas al desarrollo sostenible", aunque ha argumentado que "el Gobierno de la Junta de Andalucía estaba en un callejón sin salida y le han rescatado de esa situación", antes de preguntarse "¿si la ley fuese buena, la hubiese echado para atrás? y de señalar que "el problema de fondo sigue ahí: el modelo extractivo con beneficios a corto plazo para unos pocos".
El diputado del PP Juan Antonio Márquez ha sostenido que el acuerdo de Doñana "viene a reconocer que había un problema" y que se trata "de un acuerdo histórico por el equilibrio entre protección y el desarrollo socioeconómico de la zona".
