El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo, que pertenece a Córdoba, Miguel Martínez Múrez (PA), ha negado este lunes ante el juez del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba que haya cometido un delito de prevaricación urbanística, al conceder en agosto de 2006 "a sabiendas de su ilegalidad", según el fiscal, una licencia de obras mayores de construcción de una nave para aperos, hechos por los que la Fiscalía le pide una pena de un año y un mes de prisión y ocho años de inhabilitación de empleo o cargo público.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, que destacan que el ex primer edil "ha negado todos los hechos" de los que le acusan, después de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente de Córdoba señala que dicha finca está considerada como suelo no urbanizable en la subcategoría de la Vega del Guadalquivir y para poder construir de conformidad con lo establecido en el PGOU es "necesario que la finca donde se proyecte la vivienda tenga una superficie mínima de cinco hectáreas", si bien la parcela para la que se solicitó la licencia "solo cuenta con 31.441 metros cuadrados", por lo que "en ningún caso la construcción que se llevó a cabo podría ser autorizable", según recoge la calificación del Ministerio Público.
En este sentido, el fiscal apunta que el acusado "con pleno conocimiento de la conculcación de la legalidad urbanística y a sabiendas pues de que no se cumplían los requisitos legales", según el fiscal, concedió la licencia con fecha 14 de agosto de 2006 y todo ello supuestamente "sin informe alguno del técnico municipal y mucho menos sin el informe jurídico" del secretario de la Entidad Local de Encinarejo.
Además, el Ministerio Público destaca que "la construcción que finalmente se llevó a cabo no fue una nave para aperos sino una vivienda familiar de 260 metros cuadrados", todo ello "sin que el acusado como alcalde de la entidad hiciera nada por velar por la legalidad urbanística en un municipio de escasos habitantes", unos 1.700 habitantes.
