A lo largo de 2019 fueron internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) 6.473 personas, de las que el 60 por ciento fueron repatriadas forzosamente -3.871-, 2.513 puestas en libertad y 89 salieron de los centros por otras circunstancias (como traslados o fallecimiento).
La cifra de personas expulsadas o devueltas desde los CIE, en los que se ingresa a los extranjeros por su situación de irregularidad, se ha reducido respecto a 2018, cuando fueron 4.582 (711 menos en 2019), y también fueron menos extranjeros los que ingresaron en los centros respecto al año anterior, que hubo 7.855 migrantes (1.382 menos).
En 2019 solicitaron protección internacional en esos centros 2.164 personas (el 33,43 % del total de las internadas) y se admitió a trámite en torno al 10 % de solicitudes; se registra un aumento notable respecto de 2018, cuando habían sido 1.776 peticiones de asilo.
Son datos que recoge el último informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) sobre la situación de los CIE "Diez años mirando a otro lado", en el que sigue reclamando el cierre de estos centros, que durante la COVID-19 se han vaciado.
"Y nos gustaría que siguieran así, cerrados", ha aseverado Carmen de la Fuente, coordinadora de SJM, durante la presentación de la investigación, en la que ha denunciado la "deplorable" falta de transparencia del Gobierno, amparándose en el estado de alarma.
La ONG que trabaja por la defensa de los derechos de las personas migrantes elabora cada año -este es el décimo- una evaluación de los centros de internamiento en España a través de visitas que realiza a los migrantes para detectar situaciones de vulnerabilidad y posibles vulneraciones de derechos. También incorpora los informes realizados por el Defensor del Pueblo, ACNUR y datos oficiales sobre internamiento en CIE facilitados en el Parlamento.
En 2019, la ONG visitó a 793 personas en los CIE de Madrid (Aluche), Barcelona (Zona Franca), Valencia (Zapadores) y Algeciras-Tarifa (La Piñera e Isla de las Palomas); 749 varones y 44 mujeres y por nacionalidad, el 74 % magrebíes (57% marroquíes y 17% argelinos).
"Después de diez años nos seguimos encontrando con un Ministerio del Interior, una fiscalía y una judicatura que siguen mirando para otro lado, ignorando el sufrimiento que genera este internamiento en los CIE, gobierne quien gobierne", ha lamentado Josep Buades, uno de los autores del informe, quien ha recordado que más del 40 % de los ingresados quedan en libertad, entre ellos, menores o personas enfermas.
El Servicio Jesuita al Migrante pide que no vuelvan a abrirse estos centros una vez se supere la situación generada por la COVID-19 o que se limite la medida a casos excepcionales.
"Sabemos que ese cierre no se va a producir en un plazo corto, por lo que hay que seguir reclamando mejoras, como apostar por minimizar los internamientos, cuanto menos mejor y esos pocos excepcionales; el internamiento debe ser el último recurso, no el habitual", ha reclamado Buades, director de la Asociación Claver-SJM.
La ONG pide mejorar la formación de los jueces para que conozcan mejor "la naturaleza problemática del internamiento" y den instrucciones que eviten ingresos en los CIE "de menores, solicitantes de asilo, personas con problemas de salud física y mental, de aquellas que tienen ya redes de apoyo o que son víctimas de trata", como ahora se producen.
"Es urgente que los migrantes ingresados tengan una defensa adecuada, un servicio médico de calidad y una atención psicológica en momentos de gran angustia que se vive antes de una repatriación", ha aseverado.
"Es España podemos vivir sin los CIE, su cierre por la COVID ha sido una buena decisión por la imposibilidad de repatriaciones; volver a abrirlos es una enorme imprudencia; deberían dedicar el dinero del gasto que supone mantenerlos abiertos a salvar vidas", ha añadido Buades, quien ha expresado su preocupación por la apertura de centros más grandes, como el que se proyecta en Algeciras.
El perfil del migrante en los CIE es "varón magrebí de menos de 30 años y sujeto a una orden de devolución por estar ilegal en España", ha explicado Ana Bosch, otra de las autoras del informe, quien ha insistido en que siguen sin identificarse a menores migrantes que acaban en los CIE, ingresando a personas que habían pedido cita para renovar su documentación o "casos de violencia policial diferida o desproporcionada".
El informe alerta de que la prolongación de las situaciones de paro entre personas extranjeras con autorización de residencia temporal puede aumentar los casos de irregularidad sobrevenida.
"Es tiempo de diseñar y aplicar políticas que amortigüen el impacto de la crisis, faciliten procesos de regularización e impidan la irregularidad sobrevenida", concluye el Servicio Jesuita a Migrantes.
