El grupo municipal del PSOE de Los Barrios ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Área de Algeciras un “presunto incumplimiento de la legalidad” por parte del alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, “al no hacer ejecutar su propia resolución” acerca del derribo de una “obra ilegal” efectuada en la vivienda donde reside con su marido la concejal andalucista Isabel Calvente, así como “la imposición de las sanciones correspondientes” un año y medio después de que el interesado presentase un recurso.
Los socialistas recuerdan, al respecto de este conflicto urbanístico, adelantado por VIVA CAMPO DE GIBRALTAR en diciembre de 2015, que la edil andalucista fue denunciada por la Policía Local el 16 de septiembre de 2014 por una supuesta infracción de las ordenanzas fiscales y la legislación vigente en materia de disciplina urbanística por levantar en el patio delantero de su vivienda “una estructura de pérgolas de madera con cubierta”, sin solicitar la correspondiente licencia.
Posteriormente, y a raíz de dicha denuncia, el arquitecto municipal emitió un informe, firmado el 7 de noviembre de 2014, en el que ratifica otro informe anterior redactado por la Oficina Técnica de Urbanismo y en el que deja claro que la construcción llevada a cabo en el porche del domicilio de la edil andalucista no cumple con la normativa. Lo que motiva una propuesta de resolución del jefe del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, de fecha 11 de noviembre de 2014, en la que se considera como no legalizable la obra. Propuesta que es asumida en su totalidad por el alcalde de Los Barrios, Jorge Romero, mediante un decreto que firma dos días más tarde, ordenando la demolición inmediata de la misma, aunque otorgando audiencia a la afectada para que pudiera presentar las alegaciones que estimara oportunas.
El 27 de noviembre de 2014 Calvente presentó escrito a través de la ventanilla única del Consistorio barreño solicitando una ampliación del plazo que le había sido otorgado para entregar la documentación que estaba recabando con objeto de justificar la realización de la mencionada obra en su vivienda. Junto a dicho escrito, la edil del PA también aportó a través de ventanilla única copia de un acta de subsanación referida a la titularidad de la propiedad de la casa que comparte con su cónyuge y que, según declara, pertenece a este, para que en lo sucesivo le sean notificados al marido y no a ella todos los trámites relacionados con la ilegalidad urbanística cometida. Extremo este que, además, pide al Ayuntamiento el propio esposo de la concejal andalucista mediante instancia que entrega el 4 de diciembre de 2014.
En marzo de 2015, unos meses después de que el alcalde firmara su decreto ordenando la demolición de lo construido, el cónyuge de la concejal andalucista es el que se dirige de nuevo al Ayuntamiento, esta vez para presentar el proyecto de la obra visado por un arquitecto colegiado, a fin de intentar obtener su legalización, a pesar de que la actuación llevada a cabo en la vivienda, según los responsables municipales de Urbanismo, no es legalizable. Tan es así, que el 27 de abril de 2015, y una vez vistos los informes desfavorables de los técnicos, la Junta de Gobierno Local, presidida por Jorge Romero, se ve obligada a denegar el correspondiente permiso para el mantenimiento del porche techado en el patio delantero de la casa de la concejal.
Finalmente, el 20 de mayo, el alcalde firma un nuevo decreto, a propuesta del Jefe del Servicio de Urbanismo, en el que se ordena “la reposición de la realidad física alterada”, en un plazo no superior a dos meses, y se advierte de la imposición de multas coercitivas en caso de incumplimiento. Es decir, se insta a la eliminación, por cuenta del interesado, de aquella parte de la obra llevada a cabo que incumple con la normativa urbanística actualmente en vigor.
En junio de 2016 el grupo municipal del PSOE se interesó por este tema y presentó escrito a través de la ventanilla única solicitando información al respecto. “Sorprendentemente, la respuesta que recibimos del alcalde de Los Barrios para justificar la inacción de la administración municipal frente a la referida infracción de las ordenanzas urbanísticas es que su decreto de mayo de 2015 no ha adquirido firmeza porque aún está pendiente de resolverse un recurso de reposición presentado por el denunciado en julio de 2015, hace casi un año y medio, aun a sabiendas de que un recurso de ese tipo debe ser resuelto por la administración municipal en el plazo de un mes y que su interposición no interrumpe el acto impugnado”, explican los representantes socialistas en la Corporación municipal.
“Desde el grupo socialista esperamos que la fiscalía aclare estos hechos cuanto antes y dé traslado a la autoridad judicial de los posibles delitos en los que el acalde de Los Barrios haya incurrido y esté incurriendo”, señala el portavoz del PSOE, Salvador Puerto. “Lo que no se puede permitir es que el señor Romero se salte la ley a la torera cada vez que le viene en gana y se ría de la ciudadanía en su cara. Todos estamos obligados a cumplir con la legalidad vigente y los concejales del PA también”, concluye Puerto.
Tras la publicación del asunto en VIVA CAMPO DE GIBRALTAR, desde el Ayuntamiento realizaron el 28 de diciembre de 2015 las siguientes puntualizaciones en referencia a la polémica del porche supuestamente ilegal en la casa donde reside la edil andalucista Isabel Calvente. En primer lugar, que “desde el Ayuntamiento de Los Barrios se va a actuar conforme a la normativa en este caso y en los más de 200 expedientes abiertos desde disciplina urbanística”. En segundo lugar, que “en este tipo de casos hay un periodo de subsanación urbanística, un procedimiento el cual está abierto. Y existen dos opciones: su legalización o la restitución en el caso que se agoten todo los recursos legales”. También recordaron que “si la obra no es legalizable, el vecino devuelve la alteración y el Ayuntamiento actúa y restituye el orden urbanístico”. Por último, quisieron dejar claro “que no existe ningún trato de favor para ningún vecino y menos para los concejales del Consistorio o familiares de éstos”.
Hay que recordar que, de no cumplirse el requerimiento de plazo (dos meses) que estableció la orden de demolición dictada por Romero, la propiedad del inmueble podía enfrentarse a “hasta 12 multas coercitivas con periodicidad mínima de un mes y cuantía, en cada caso, del 10% del valor de las obras realizadas y, en todo caso, mínimo de 600 euros”. Igualmente, “en caso de que pase la duodécima mensualidad y aún no se haya subsanado la supuesta ilegalidad se procederá a la demolición con cargo en costas a la parte denunciada”:
