El PIVG también ha hecho su correspondiente valoración, tras la imputación del alcalde de San Roque, su socio de gobierno durante este legislatura.
"El discurso del código ético de todos los partidos y compromiso declarado es el de atajar cualquier tipo de corrupción. Todo muy bien hasta que te toca, que entonces empiezan los matices", indica el portavoz, Jesús Mayoral.
Considera el edil y candidato del partido independiente que " el primero que tiene que valorarlo es el PSOE, de acuerdo a su código ético y si mantiene a Ruiz Boix de candidato a las elecciones".
Recuerda que desde el PIVG siempre se han pronunciado con claridad, hasta en las sesiones plenarias, "diciendo que en los pactos de gobierno, cada partido debe responder de sus actos. Desde el PIVG, a no ser que sea por desconocimiento y yo personalmente no he tenido ninguna imputación en mis actuaciones, ni miedo a tenerlas porque nos movemos totalmente en la legalidad, nunca hemos votado a favor de ningún asunto plenario que haya llevado ningún informe negativo de los habilitados nacionales ni jamás en 6 años de gobierno me han puesto ningún reparo de Intervención ni de lo que Ruiz Boix dice que son irregularidades administrativas y se queda tan pancho como el resto de alcaldes que he conocido".
Considdera que, "con la ley de transparencia que tanto vende el PP en la práctica es muy
dificil que su aplicación sea efectiva". Y añade que entiende que "la ley debe ser más contundente y que no queden resquicios. Los alcaldes, concejales o funcionarios que no se muevan en la legalidad deben estar apartados de la vida pública y mientras, los primeros en reaccionar deben ser los partidos políticos con aquellos de los que actúen al margen de la legalidad".
Perjuicio para los ciudadanos
En cuanto a perjuicio para el Ayuntamiento "que somos los ciudadanos", recuerda, "ya declaramos en un pleno que ni siquiera estabamos a favor de la forma que el alcalde había realizado la última contratación de la defensa jurídica externa para él, ni aún siendo legal, porque ya tenemos letrados en el Ayuntamiento que deben hacerlo y, desde luego, como concejal de Hacienda veré si ha intervenido en el proceso el abogado externo contratado y si es así, solicitaré los informes jurídicos y económicos de los habilitados, sobre la legalidad, para que el Ayuntamiento no pague los gastos procesales que dice la prensa en los
que ha sido condenado Ruiz Boix".
Asegura que, "en caso de encontrarnos con informes desfavorables, pueden estar seguros los ciudadanos de que estos gastos no los pagará el Consistorio".
