Dos vecinos de Algeciras se encuentran entre los 60 casos de clientes del bufete Ortiz Abogados presentó ante la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, por una supuesta estafa relacionada con las preferentes que habría sido cometida por la entidad Bankia.
Como ya informaba VIVA CÁDIZ en su edición digital e impresa el pasado 27 de junio, los denunciantes, la gran mayoría personas mayores de 60 años, alegan que a la hora de contratar las participaciones preferentes no se les llegó a realizar el llamado test de conveniencia, tal y como exige la Comunidad Europea.
En los últimos días se ha producido una importante novedad que afecta a los dos interesados algecireños. Y es que, según informaba el citado bufete, la Fiscalía Provincial de Cádiz ha dictado un decreto por el que ha acordado comisionar al inspector jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Judicial para realizar una investigación sobre los test de conveniencia.
El letrado especialista en derecho bancario José Luis Ortiz, que daba cuenta de la presencia de los dos algecireños en la citada causa, agregaba que en dicho decreto, emitido con fecha 28 de agosto de 2013, la Fiscalía Provincial de Cádiz, había resuelto “comisionar al inspector jefe de la Unidad Adscrita de la Policía Judicial” para que, a la vista de los citados test de conveniencia se proceda “a determinar en primer lugar, los domicilios de las concretas sucursales bancarias donde se confeccionan los mismos, así como de los clientes que los suscriben y, una vez determinadas esas circunstancias, resolver sobre la competencia territorial para continuar la investigación de los hechos denunciados”.
Con posterioridad, la propia Fiscalía Provincial, o, en su caso, las fiscalías de área territoriales -en este caso actuaría la de Algeciras- sería la encargada de proseguir las investigaciones comenzadas a raíz de la denuncia del bufete Ortiz Abogados.
Test supuestamente rellenados por el banco
En base a la versión defendida por el abogado José Luis Ortiz, las oficinas de Bankia en la provincia utilizaban test predeterminados, cumplimentados de manera informática y de forma unilateral por la entidad financiera, sin intervención alguna del inversor. “Empleando un ejemplo práctico, es como si una persona pretende contratar un seguro de vida y el cuestionario de salud lo rellena la aseguradora y no el interesado”, destacó Ortiz.
El objetivo del letrado es demostrar que Bankia no actuó de forma aislada y puntual “sino masivamente”.
Es decir, “que los test han sido un paripé a los que no se les ha dado la utilidad que tienen que es informar exhaustivamente al cliente para que sepa el producto que está contratando. Estos test ponen de manifiesto que Bankia se ha cachondeado de la clientela y ha insultado su inteligencia”, expresaba Ortiz a VIVA CÁDIZ el pasado mes de junio.
Para Ortiz, “podemos estar ante un delito masivo de falsedad en documento bancario mercantil o estafa a inversores, previsto en el artículo 248 del Código Penal, en relación con el artículo 182”.
Consideraciones de la fiscal
Al respecto de las peticiones de acciones civiles “de cesación y /o resarcimiento”, solicitadas por Ortiz, Fiscalía de Cádiz cree que no resultan “procedentes” esas acciones por no considerarlas prácticas, “ya que carece de sentido hacer cesar una conducta ya finalizada”, ni tampoco prevé “la acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados” (vinculada a una posible nulidad del contrato), lo cual estaría reservado a los perjudicados, y no sería competencia del fiscal.
De este modo, Fiscalía se centra en determinar “la existencia de posibles delitos de falsedad en documento mercantil y contra los derechos de los consumidores”. 
Los casos denunciados se aportan con documentos con el membrete de Caja Madrid (una de las cajas fusionadas para la constitución de Bankia) con fechas que oscilan “entre mayo de 2009 y junio de 2011”, agregaba el fiscal.
Sucursales cerradas
El inspector jefe de la Policía Judicial se encontrará con un problema importante al investigar el caso de los dos algecireños. No por identificar a estos clientes en sí, lo cual con los datos aportados por el letrado, que incluye contactos telefónicos de sus representados, no debe ser complicado, sino porque las entidades donde estas preferentes se gestionaron están ya cerradas.
El pasado 28 de octubre, las sedes de Bankia en Algeciras y La Línea cerraron definitivamente sus puertas y dejaron en la puerta un cartel en el que instaban a los clientes a pedir atención en las sucursales que la entidad cuenta en otros puntos, como El Puerto.
