El colectivo de los agentes locales de promoción y empleo (ALPEs) se enfrenta a un futuro muy complicado. Cumplida, por parte de la Junta de Andalucía, la amenaza de despido que sobrevolaba sobre este grupo compuesto por 18 trabajadores en el Campo de Gibraltar desde hace varios meses, su futuro queda ahora en manos de los ayuntamientos.
Sin embargo, los consistorios se ven hasta cierto punto maniatados para poder dar continuidad a este servicio, dado que un Real Decreto del Gobierno de la Nación les impide contratar nuevo personal.
Tal y como explicaba a este diario el delegado de Fomento Económico y Empleo de Algeciras, Diego de Salas, este personal depende de un consorcio, el de las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt) que en el caso del Campo de Gibraltar contaba con la delegada provincial de Innovación, Economía, Ciencia y Empleo, Angelines Ortiz; y el presidente de la Mancomunidad de Municipios, Diego González de la Torre, como máximos responsables.
La delegación territorial se encargaba directamente de las contrataciones de este personal, y la Mancomunidad, a través de convenios específicos con los ayuntamientos, distribuía a la plantilla según la población y necesidades de cada territorio.
En el caso de la comarca, eran 18 los trabajadores afectados (cuatro, en el caso de Algeciras), los cuales han vivido un auténtico calvario en los últimos meses, ya que desde junio se anunciaban sus despidos. Finalmente, una tregua de tres meses les permitió continuar en su puesto durante el verano.
“El 14 de septiembre, nos envían una carta diciéndonos que si los ayuntamientos quieren absorber a los ALPEs, pero asumiéndolos con todas las consecuencias -contingencias salariales, Seguridad Social, antigüedades y liquidaciones-, lo que, según Real Decreto, no podemos hacer porque no podemos contratar a nadie”, dijo De Salas.
El último capítulo de esta travesía del desierto tuvo lugar el pasado 12 de noviembre, lunes, cuando, según relató Diego de Salas, tuvo lugar una reunión del Consejo Rector del Consorcio, convocada por la Junta, en la sede de la nueva delegación territorial gestionada por Angelines Ortiz.
En aquel encuentro, relataba De Salas, “nos citaron en el orden del día para indicarnos la participación que va a tener el SAE en el consorcio de las Utedlt y, nada más sentarnos, nos presentan un escrito firmado por la delegada, en el cual dicen que la Junta se separa del consorcio y deja a los ayuntamientos tirados.
De Salas recordó el proceso abierto de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) contra estos trabajadores y que, en este procedimiento, “si no se resuelve nada los ayuntamientos quedan con la responsabilidad de todo” en el momento en que la Junta deje de hacerse cargo.
Del gasto de los ALPEs, el 70% correspondía a la Junta de Andalucía. Los ayuntamientos asumían el otro 30%. Las indemnizaciones del personal supondrían en esas condiciones, sólo para el Ayuntamiento de Algeciras, unos 15.500 euros, según Diego de Salas.
Injustificado
Desde el punto de vista del condejal, el despido de los trabajadores está totalmente injustificado. La Junta aludía a un recorte muy importante en las partidas del Gobierno Central para las políticas activas de empleo. Efectivamente, y como reconocía el propio Diego de Salas, de los 1.061 millones de euros presupuestados por el Ejecutivo en 2011 se pasó a una partida de 698 millones.
No obstante, para De Salas esta cuantía es más que suficiente, dado que de los 1.061millones de 2011 “sólo se gastaron 458”, lo que supondría que seguirían sobrando unos 240 millones de euros gastando lo mismo que en el ejercicio anterior. “Con esas partidas activas podrían resolver un año de contratación de los ALPEs”, se lamentó De Salas.
El edil comentó que dijo a la delegada que “si los fondos estaban inicialmente garantizados por la Unión Europea hasta 2016, ¿cómo es que ahora dicen que no hay fondos porque ha habido recortes en el Gobierno Central?”.
Orienta
Desde que se hizo efectivo el despido de los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPEs) de Algeciras, su labor está siendo cubierta, como recordó De Salas, por la unidad Orienta, personal que depende del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
En este caso, los ayuntamientos sufragan también una parte de los salarios. Sin embargo, en la parte que afecta a la Junta de Andalucía, De Salas cifra la deuda existente en 350.000 euros.
Deuda
La deuda que la Junta de Andalucía mantiene con el Ayuntamiento de Algeciras asfixia cualquier posibilidad para el Consistorio de fomentar el empleo en el municipio. Tanto es así, que los 2,98 millones de euros que el ente autonómico adeuda al ente municipal han dado lugar a la paralización de los talleres, y que, con ello, 233 personas no hayan podido iniciar su actividad.
El caso es especialmente grave si atendemos a que se trata de “alumnos-trabajadores que cobrarían casi 1.100 euros al mes por los cursos”, manifestó el concejal de Fomento Económico y Empleo del Ayuntamiento de Algeciras, Diego de Salas. Un sueldo con el que saldrían, a buen seguro, de una situación complicada.
Así ocurre con los aproximadamente 72 beneficiarios de los tres talleres de empleo aprobados por la Junta al Ayuntamiento. Todos ellos estaban en el paro en el momento de ser seleccionados.
Estos desempleados iban a desempeñar las tareas dentro de los talleres Aromas, Algeciras Sostenible y El Manitas. Cada uno de estos cursos iba a contar con 24 alumnos, y contaban con una inversión conjunta que llegaba a los 1,6 millones de euros.
Aromas está centrado en los módulos de flor de corte, florista y flor seca.
Algeciras Sostenible se basa, por su parte, en módulos de montaje y mantenimiento de equipos de aire acondicionado, calefacción e instalaciones fotovoltaicas.
Finalmente, El Manitas contempla los módulos de carpintería metálica, madera y electricidad.
Además de estos 72 alumnos, hay que contar también a un monitor, un director y tres administrativos que tampoco pueden acceder a su salario para esta actividad. Cada mes, los talleres supondrían un coste para el Ayuntamiento de unos 110.000 euros, según De Salas, en el caso de que tuvieran que hacerse cargo de la totalidad del gasto, como han tenido que hacer en otras ocasiones.
Así fue, por ejemplo, en el caso de los nueve cursos de Formación Profesional para el Empleo iniciados el pasado mes de marzo, y que concluyeron en septiembre. “El 16 de febrero nos dicen que tienen fiscalizados los talleres de empleo, y aún hoy tenemos pendientes de pago el 75% de los 1,6 millones de euros”, dijo el edil. El Ayuntamiento ha tenido que adelantar el dinero para que estos cursos hayan podido desarrollarse y dar actividad a todos sus beneficiarios.
A todo ello hay que añadir, recordó De Salas, la deuda de 350.000 euros perteneciente a dos cursos consecutivos de los planes Orienta, los cuales, en este momento, cubren también la actividad de los Agentes Locales de Promoción y Empleo (ALPEs).
De igual modo, existe deuda procedente de los planes Memta de años anteriores, lo que contribuye, en definitiva, a minar decisivamente la capacidad del Ayuntamiento de Algeciras para fomentar el empleo, se lamentó De Salas.
En los últimos días, el concejal algecireño de Fomento se lamentaba de la falta de coherencia de la Junta, que reclamaba por un lado 16.000 euros procedentes del mismo plan Orienta en Algeciras mientras seguía debiendo a la Delegación de Fomento Económico y Empleo los 350.000 de la totalidad de la subvención para 2011 y 2012.
Periplo
Los aproximadamente 800 agentes locales de promoción y empleo (ALPEs) dependientes de la Junta de Andalucía pasaron el verano inmersos en sonoras protestas para reclamar al ente autonómico la continuidad de su labor en cada uno de los municipios. En Granada, los 130 agentes locales de la provincia llegaron al extremo de protagonizar un encierro para reclamar sus derechos.
Finalmente, y tras anunciarse la finalización de sus contratos el pasado mes de junio, la Junta de Andalucía decidió prolongar durante tres meses más su agonía. A partir de agosto, comenzaron a recibir burofaxes individuales en los que se les informaba de los despidos. 
En el caso de las plantillas de más de cinco trabajadores, se aplicarían expedientes de regulación de empleo (EREs) extintivos con el pago de 20 días por año trabajado (el mínimo legal); mientras que en el caso de las plantillas más pequeñas, se les despediría uno a uno. Estas protestas tuvieron también su incidencia en la comarca, donde las medidas aplicadas afectaban a un total de 18 personas, cuatro de las cuales ejercían su labor en Algeciras.
La Junta de Andalucía justificaba esta decisión en el recorte de subvenciones del Estado en materia de promoción y empleo, aunque algunas voces del PP no lo ven necesario.
Incentivos
El Ayuntamiento de Algeciras está decidido a proseguir, en el ámbito de sus competencias, con las tareas encaminadas a fomentar la creación de empleo en la ciudad. A los adelantos aplicados a los talleres y cursos de empleo aprobados por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) se unen las ayudas de 300 euros a empresas por trabajador contratado.
Estos incentivos, una iniciativa dada a conocer hace aproximadamente un año por VIVA CAMPO DE GIBRALTAR por el concejal Diego de Salas cuando aún estaba en fase de proyecto, recibieron luz verde en los últimos días como motivo de la reunión de la Comisión Informativa de Hacienda y Personal, esta misma semana.
En dicha sesión, presidida por el concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, su compañero Diego de Salas presentó los ocho proyectos empresariales que serán merecedores de dichos incentivos.
Estas ayudas están fijadas en 300 euros para cada trabajador contratado, y se harán efectivas, eso sí, una vez que quede comprobado que el trabajador ha permanecido contratado durante un periodo mínimo de seis meses, agregó el Ayuntamiento.
De Salas se mostró especialmente satisfecho de la celeridad con que ha concluido este proceso, ya que se ha dado salida a estas ayudas “una semana antes de lo previsto”. Se presentaron un total de 14 solicitudes, y diez se admitieron a trámite.
El Ayuntamiento dispone de un presupuesto de 100.000 euros para estas ayudas, y cada empresa podrá percibir un máximo de 3.000 euros.
