El Ayuntamiento de Chiclana ha presentado su desistimiento en los dos procesos judiciales que el anterior equipo de Gobierno inició contra la Diputación provincial, una vez retiradas las dos subvenciones concedidas por esta institución y la Unión Europea, dentro del proyecto Cultur-Cad, tras incumplirse los plazos de ejecución previstos en el acuerdo. 

Las iniciativas que iban a ser subvencionadas eran de especial importancia dentro del equipamiento cultural de la ciudad. Por un lado se encontraba la ampliación de la Casa de Cultura por la calle Segismundo Moret (centro Fábrica de la Luz), lo que significaría incrementar la oferta que ahora mismo ofrecen estas dependencias, potenciando, además, los servicios públicos que se ofertan en el centro de la ciudad. Este proyecto, que fue adjudicado por 1,8 millones de euros, tenía un plazo de ejecución de doce meses y consistía en la creación de numerosas dependencias, entre las que destacaban un salón de actos, una zona de exposiciones, oficinas y salas de reuniones. 

Por otro lado, se iba a crear un centro de interpretación mitológica en el edificio Brake, en la calle Hormaza, compartiendo edificio con las dependencias culturales juveniles que se están construyendo y con el Conservatorio de Música. El presupuesto era de 600.000 euros, una inversión que se destinaría a ofrecer una amplia panorámica de las civilizaciones antiguas que pasaron por la provincia. Así, el centro que se añadiría a la ruta museística de la ciudad, que incluía el espacio dedicado a Paquiro o las muñecas de Marín, y se ampliaría una vez se abriera el Museo de la Ciudad o el que en el futuro se dedicaría al vino y la sal junto a la plaza de las Bodegas. El proyecto, finalmente, se llevó a cabo en Sanlúcar. 


Línea de diálogo 

El actual equipo de Gobierno abre ahora “una nueva línea de diálogo” con Diputación. Se trata de evitar el enfrentamiento con todas las administraciones, un recurso que creen mucho más rentable para conseguir atraer aportaciones económicas a la localidad. 

Además de evitar enfrentamientos, desde el equipo de Gobierno municipal han destacado que la primera ganancia de este desistimiento es tratar de evitar el pago de los servicios judiciales que comportarían las acciones judiciales contra la Diputación provincial de Cádiz.