Fumigar la playa de Zahara fue "una falta de sensatez" sancionable

El delegado en Cádiz de la Consejería andaluza de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, cree que la fumigación con lejía de la playa de Zahara de los Atunes realizada el pasado domingo con tres tractores fue "una falta de sensatez" sancionable.

Tras tener conocimiento por las redes sociales de esta acción, que los responsables de la Entidad Local Autónoma (ELA) y de la asociación de comerciantes locales emprendieron sin permiso, la delegación en Cádiz de Agricultura, Pesca y Desarrollo Sostenible envió el mismo domingo a un agente de Medio Ambiente para ver el alcance y levantar acta.

Con ella, la Junta ha iniciado un proceso de instrucción para determinar el alcance de los daños a la avifauna de la playa.

"El problema más importante es que parece que los tractores pasaron por una zona que es objeto de cría de una especie protegida, el chorlitejo negro, que está en plena temporada de nidificación. Por fotografías que nos han enviado parece que ha habido daños", ha explicado a EFE Daniel Sánchez.

Sánchez cree que fue "una auténtica falta de sensatez" tomar esa medida en "una playa natural que no ha tenido uso al baño desde hace meses" y que en estas fechas se mantiene "perfectamente limpia" gracias a la simple acción de las mareas y la brisa marina.

Al margen de los posibles daños a fauna protegida, que podrían ser calificados como una falta grave con sanciones que pueden ir de los 600 a los 60.000 euros o incluso muy grave, con sanciones superiores a los 60.000, la medida puede ser también objeto de sanciones por meter tres tractores a la playa sin contar siquiera con la autorización del ayuntamiento matriz, el de Barbate, que es quien, en época de baño, tiene las competencias de mantener la salubridad de la playa.

Tampoco pidieron las autorizaciones permanentes para rociar la arena con una solución de agua y lejía.

Aunque el presidente de la ELA, Agustín Conejo Medina, ha asegurado que se hizo con una disolución de hipoclorito sódico diluido en agua al 2 por ciento que se usa hasta para la desinfección de frutas y hortalizas y "no supone un impacto agresivo para el medio ambiente", el delegado de la Junta ha señalado que las autoridades locales tienen incluso la obligación de pedir autorización a la Subdelegación del Gobierno para la desinfección de calles durante la pandemia del coronovirus.

"Imagínate en un medio natural como un playa, con zonas de dunas y valiosos ecosistemas de avifauna y plantas", ha subrayado Sánchez.

Las asociaciones ecologistas Agaden y Voluntarios de Trafalgar han anunciando hoy que están recopilando toda la información sobre la acción y su impacto para estudiar si, además del procedimiento abierto por la Junta de Andalucía, esta acción puede ser objeto de denuncia penal en un juzgado.