Izquierda Unida ha exigido explicaciones claras sobre “las graves irregularidades reflejadas en el informe elaborado por la vicesecretaría de la Diputación Provincial de Cádiz en relación a la cesión de la gestión del servicio de recogidas y tratamientos de basuras a la empresa Bioreciclaje de Cádiz, SA, así como sobre varios aspectos de la propia gestión del servicio por parte de la empresa”. “Vamos a empezar por donde tenemos que empezar –ha aclarado el coordinador provincial de IU Cádiz y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías- que es pidiendo explicaciones en la junta general del Consorcio (Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz)”, “no vamos a señalar a nadie, primero vamos a ver quién tiene responsabilidades”. De comprobarse todas estas anomalías detectadas por el informe “cabe la nulidad del contrato –aclaró Macías- y si es así, nosotros, desde nuestra perspectiva de gestión pública, como hacemos en nuestras ciudades, vamos a plantear que ésta sea también una gestión pública que se plantee en la Diputación de Cádiz y por ende, en el Consorcio”.
Macías ha comparecido en rueda de prensa acompañado de la diputada provincial de IU, Carmen Álvarez y los alcaldes de Trebujena (Jorge Rodríguez), Conil (Juan Bermúdez), Alcalá del Valle (Rafael Aguilera), Bornos (Hugo Palomares) y Puerto Serrano (Daniel Pérez). “Los ayuntamientos de IU estamos todos a una”, apuntó Macías para dejar clara la postura unitaria de la formación política en cuanto a la necesidad de que se ofrezcan explicaciones sobre los graves fallos detectados por un informe que según ha denunciado el coordinador provincial “no ha llegado a todos los socios del Consorcio”. El informe en cuestión, tiene firma de la vicesecretaria –a día de hoy secretaria de la Diputación- del 7 de marzo de 2019, pero hasta hace escasas semanas no ha sido remitido a IU, concretamente y de manera exclusiva al alcalde de Trebujena; “no es cierto que todos los socios del Consorcio hayamos recibido el informe”, aclaró Macías, quien se ha mostrado convencido de que a IU “nos ha llegado de rebote, creo que este informe no estaba para IU”. Casualmente, justo el 7 de marzo de 2019 es la fecha en la que la Presidencia de la Diputación emitió una providencia para llevar a Pleno la disolución y salida de la Diputación del Consorcio, diez días después fue llevada a Pleno.
El informe, además, ha llegado “tras muchos años pidiendo información” por parte de los alcaldes de IU, aclaró el acalde de Trebujena, Jorge Rodríguez. De manera concreta, “se pedía conocer la relación contractual existente con Bioreciclaje”, habida cuenta del “oscurantismo y falta de transparencia” detectada y denunciada por IU en reiteradas ocasiones. Una situación que según el alcalde, “se da en una provincia con la tasa de residuos más alta de toda Andalucía” y en la que “a través del informe se ponen de manifiesto presuntas irregularidades, falta de transparencia y una falta de aplicación de la legalidad en materia medioambiental”. Así, indica que la auditoría externa encargada a la empresa 2020 Ingenieros, SL apunta “un enriquecimiento injusto de Bioreciclaje por la aplicación de costes que van más allá de los reales, además de que incumple las obligaciones medioambientales en la provincia”.
Junto a estas cuestiones de gestión pura de Bioreciclaje, IU ha remarcado además el hecho de que la “encomienda de gestión” a Bioreciclaje tampoco se hiciera de manera adecuada, puesto que esta figura de encomienda no está prevista para entidades cuyo capital no es íntegramente público. De esta manera, “se podría estar incurriendo el principio de pública concurrencia”, según la propia Vicesecretaría. En el momento de la cesión, la parte pública gestionaba un 51% y actualmente un escaso 2%. Recordó el primer edil de Trebujena que originariamente, Bioreciclaje era 100% pública y “fue privatizada en los años 90 por el PSOE”.
La realidad de esta situación es que “a día de hoy no hay convocatoria de órgano, ni se ha dado conocimiento del informe a los socios”, indica Rodríguez, y además, “se le está cobrando a los municipios por encima de los costes reales”. A estos hechos, añade el coordinador provincial que se desconocen asuntos como “qué se está haciendo con todos los residuos de los 37 municipios que van a parar a Miramundo, qué ocurre con los beneficios de aquello que no acaba en celda y posteriormente se vende por parte de la empresa adjudicataria –vidrio, plásticos, electrónica, etc-. Nosotros no estamos recibiendo ninguna compensación económica por eso que se recupera y se vende pero sí estamos sufriendo una tasa por tonelada que es muy grande, casi se ha triplicado en los últimos ocho años”.
Entre el rosario de irregularidades, el informe habla igualmente de que municipios como Bornos, Olvera, Sanlúcar y Ubrique vierten directamente a Miramundo, cuando tendrían que tener plantas de transferencia, o que “los métodos de cogeneración eléctrica y biomecanización de la planta de Miramundo no se adaptan a tecnología”, y así se refleja en el informe.
Para el coordinador provincial, los datos conocidos demuestran que “teníamos, si no toda la razón, gran parte de la razón” y ha asegurado que IU va pedir que se rectifique, “de lo contrario, tendremos que pedir responsabilidades”. La formación política estará atenta a los próximos pasos que se vayan dando en el seno del Consorcio y ha anunciado que irá informando de los avances que se produzcan sobre este espinoso asunto
