Once años de hipoteca para acabar siendo propietario de una casa inhabitable. Es la odisea por la que está pasando David González Caravaca, un joven gaditano que adquirió un piso en el número 14 de la calle Obispo Félix Soto. Este inmueble fue rehabilitado hace más de seis años con el programa de Transformación de Infravivienda, es decir, mediante un convenio entre la Junta de Andalucía y los titulares. Para ello el gobierno andaluz aportó 945.034 euros, mientras que 427.139 corrieron por parte de los propios vecinos.
Ya no quiero ese piso. ¿Quién va a querer vivir en una casa que le ha dado once años de problemas? Ahora mismo estoy preso en algo que no tengo ni quiero"Los primeros inconvenientes fueron causados por los plazos, ya que se retrasaron bastante en la entrega de llaves. “Cuando finalmente llega este momento se me dice, a través de la comunidad, que hay un problemilla con mi piso porque no estaba muy bien, que tenía algo de humedad y que querían pintarla de nuevo. Cuando llego a la casa veo que las manchas no son las normales de humedad, sino que se trata de manchas de filtraciones en paredes, suelo e incluso desde los enchufes”, nos cuenta David. Frente a esta situación se negó a aceptar las llaves, pero finalmente, bajo la presión de la comunidad tuvo que acceder.
Esto ocurre hace, aproximadamente, cinco años. Entonces decide comprar los muebles para el piso e irse a vivir allí. “Al segundo día de estar allí tuve que irme de la casa corriendo a devolverlo todo porque el agua me llegaba a los tobillos”, señala. Tras esto se desplazó a las oficinas de la Junta de Andalucía para hacer entrega de la llave y notificar lo acaecido. Desde la institución le dicen que mandarán a alguien para arreglarlo. “Mandaron a alguien que lo que hizo fue pintar el suelo, como si no exitieran problemas más importantes que solucionar”.
Frente a la negativa por parte de la Junta de hacer nada más, David se ve obligado a contratar un abogado que, tras muchos intentos fallidos de sentarse a negociar con la administración pública, le recomienda hacer un peritaje de la vivienda para presentarlo. A los gastos del abogado se suman también los de los servicios del perito. “Ante el informe tampoco me dan respuesta y hace dos años decidimos poner una denuncia. A día de hoy no tenemos nada en firme por su parte”, relata.
La última baza de González Caravaca hace apenas un mes ha sido emplear sus ahorros en contratar a una empresa para conocer cuáles son los problemas reales de la vivienda. “Estos profesionales han abierto los techos, las paredes y el suelo para ver dónde caen las tuberías y conocer la procedencia de las filtraciones. Al dejarlo todo al descubierto han comenzado a aparecer vicios ocultos”. Entre estos defectos han descubierto un puntal actuando como viga y soportando el peso de todo el techo de escayola de la cocina-salón, tuberías rotas o tuberías que desembocan sin que haya desagüe. “Aparecen muchas cosas que el perito inicial al que contraté no pudo ver al encontrarse todas ocultas. Y esto es el colmo de los colmos, porque el arquitecto que respaldó la obra pertenecía a la Junta y él debía conocer lo que estaba pasando. Ahora no me queda más remedio que hacer todo esto público”, explica.
Este gaditano lo único que requiere es que la Junta reconozca su responsabilidad ante la entrega de un piso rehabilitado en “pésimas condiciones” y que le devuelva el dinero invertido en el inmueble, ya que hace más de un año que terminó de pagar la hipoteca. “Ya no quiero ese piso. ¿Quién va a querer vivir en una casa que le ha dado once años de problemas? Ahora mismo estoy preso en algo que no tengo ni quiero”, concluye David.
