Esta semana los medios de comunicación se hicieron eco de una nueva denuncia contra el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. En este caso, Ciudadanos presentaba una denuncia contra el edil de Hacienda y presidente de Cádiz 2012, David Navarro, por ceder gratuitamente la Casa de Iberoamérica a entidades sin ánimo de lucro como Agamama y ONG como la Asociación Pro Derechos Humanos.

Tras conocerse la noticia, el concejal en cuestión, en rueda de prensa, además de explicar que esas la cesión del recinto había sido siempre mediante acuerdo del Consejo de Administración de Cádiz 2012, acusó a Ciudadanos de  “estar tan ciegos” en la “persecución judicial” de la gestión municipal que “no le importa perjudicar hasta a los colectivos de la ciudad” y ha acusado a los concejales de la formación naranja de decir “barbaridades que rebasan los límites de los hechos para difamar e intoxicar”.

¿Persecución judicial?

“Veremos donde acaba esta temeridad y esta persecución del partido de derechas”, añadió Navarro tras lamentar que les haya denunciado por no cobrar el alquiler de las salas, por ejemplo, en “unas jornadas contra la Violencia de Género”.

En la misma comparecencia, el edil hizo un recuento de las denuncias presentadas durante este mandato contra el equipo de Gobierno, prácticamente todas archivadas. El objetivo, según fuentes municipales, paralizar la gestión municipal y ganar en los juzgados lo que no pudieron ganar en las urnas.

La judicialización de este mandato también fue alertada por el propio alcalde, José María González, en el transcurso de la última entrevista que concedió a este medio, a mediados del pasado mes de enero. El regidor señaló que “cada dos meses nos ponen una. Es verdad que intentan sacarnos de las instituciones, de ese espacio que no está reservado para las personas normales, que somos la mayoría, por la vía judicial, en una política casi de piñata, de ir golpeando a ver si alguna vez la rompo, pero no lo van a conseguir porque somos gente pobre pero honrada. Y es que lo que no han conseguido por las urnas lo intentan por los juzgados”.

Doce demandas

Y, para ser justos, estas quejas se sostienen en datos. No en vano, son doce las denuncias interpuestas en los últimos tres años y medio. Y hacerles frente conlleva mucho esfuerzo, muchos recursos y paralizar procesos y gestiones.

Concretamente a David Navarro le denunciaron por injurias y calumnias por unas declaraciones que no fueron bien recogidas por un medio de comunicación y claro, fue archivada. Luego llegó la denuncia administrativa interpuesta por la Subdelegación del Gobierno, a comienzos de mandato, contra el alcalde por mediar en un altercado en el Estadio Ramón de Carranza. Archivada también.

El presidente de Cádiz 2000 y edil de Medio Ambiente, Álvaro de la Fuente, fue denunciado por responsabilidad civil. Archivada aunque el consejo de la empresa pública tuvo que cambiar de presidente.

Seguimos. Llega el proceso de municipalización de los servicios de Playas. Tanto el PP como el PSOE lo recurren, con la Subdelegación de por medio, y en ambos casos sus denuncias son archivadas.

La Subdelegación, cuando gobernaba el PP, también denunció al Ayuntamiento por colocar una bandera republicana en el transcurso de unos actos de Memoria Democrática. La bandera se retiró y no hubo más recorrido.

Con el PSOE al frente, la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz sancionó al Consistorio gaditano por ceder las instalaciones de Elcano para atender a migrantes que llegaron a la costa de Cádiz durante uno de los picos más altos del año. La sanción fue finalmente suspendida

Pero seguimos. El Partido Popular denunció al equipo de Gobierno por falta de información, denuncia que fue archivada y actualmente sigue un recurso interpuesto ante la Audiencia Provincial de Cádiz. También el PP interpuso otra demanda por el convenio del alumbrado de Navidad del año 2016… y está a la espera de resolución.

Y también el PP fue quien interpuso una denuncia contra el alcalde, José María González, el exedil de Medio Ambiente, González Bauza y contra el jefe del Gabinete de la Alcaldía, Vicente Barcia, por  el famoso ‘a sabiendas’ del caso sobre el corte de agua en la Barriada de Loreto. Su tramitación inicial fue archivada y luego reabierta por la Audiencia Provincial. El juzgado de Instrucción absolvió a los tres acusados, mientras la Audiencia Provincial condenó al alcalde por injurias y calumnias. El gobierno local va a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Denuncias de Cs

Pero aquí no concluye “la judicialización” de la gestión política del Ayuntamiento. Ciudadanos denunció al equipo de Gobierno por la transmisión de la titularidad de los chiringuitos… Ahora se está a la espera de resolución. Y también habrá que esperar una resolución de la última denuncia interpuesta por Ciudadanos, y con la que abríamos la información, por la gestión de Navarro en Cádiz 2012.

“Así es difícil trabajar”, señalan fuentes municipales cercanas al equipo de Gobierno, “y claro, ese es el objetivo de la oposición, poner todas las trabas posibles para paralizar la gestión del Ayuntamiento”.

Centenares de preguntas

Y entre esas trabas “además de las demandas judiciales, usan otra estrategia… las preguntas”.Así, a 6 de febrero de 2019, la oposición ha presentado 572 preguntas en departamentos municipales como la Secretaría, la Intervención y en los Servicios Técnicos. “Todo para ralentizar la gestión”. No son preguntas plenarias, sino departamentales.

El PP ha presentado 264, el PSOE 184, Ciudadanos 121 y 3 Ganar Cádiz en Común (este último forma parte de equipo de Gobierno). Fuentes municipales afirman que “hemos dado respuesta al 76 por ciento de las mismas… por ejemplo, de las presentadas por el PSOE, el 83,15 por ciento han sido contestadas”.

Aunque “el objetivo no es obtener una respuesta, el fin último es colapsar, paralizarnos, ralentizar la gestión”, y es que “hay preguntas que para responderlas hace falta un enorme esfuerzo  en medios y personal… pero es lo que quieren, porque además, si no se les contesta, amenazan con denuncias… y así es la rueda, así es la estrategia de la oposición para desgastarnos y para frenar nuestra gestión. A la oposición no le importa que sea o no bueno para la ciudad, lo que quieren es sacar réditos político”.

En definitiva estos son los argumentos que esgrime el equipo de Gobierno cuando denuncia la existencia de una  persecución judicial.