El equipo de Gobierno de El Puerto de Santa María ha querido mostrar su pésame ante la muerte de Julián Blázquez, a la vez que hace un llamamiento para que se busquen alternativas de actuación y lograr que estas personas no se encuentren en un limbo jurídico que las haga invisibles. De hecho, desde el área de Bienestar Social del Ayuntamiento ya se viene trabajando desde hace algún tiempo en cómo poder modificar los protocolos del albergue municipal para poder ofrecer mejores alternativas a estas personas.

En este caso, concreto, Julián era un transeúnte que llevaba unos cuatro meses en la ciudad y que había cautivado a muchos vecinos por su personalidad, ya que siempre dialogaba de forma coherente y, además, era consciente de la realidad en la que se encontraba y la asumía.

Esta persona, que era procedente de Salamanca, llegó a El Puerto tras pasar por varios albergues para transeúntes de distintas ciudades. El pasado mes de septiembre pasó los tres días protocolarios en el Albergue municipal gestionado por la Asociación Anydes. Volviendo a pasar por él en el mes de diciembre, cuando estuvo cuatro días. Sin embargo, tuvo que ser expulsado del centro por no respetar las normas, según ha reconocido la propia dirección.

En varias ocasiones se actuó desde el área municipal de Bienestar Social con esta persona fallecida este jueves. Incluso el pasado sábado el propio concejal de Bienestar Social, Ángel González, estuvo en la calle Diego Niño donde él se refugiaba, aportándole alimentos e intentando convencerle de que aceptara entrar en tratamiento, ya que era politoxicómano, y padecía ciertas enfermedades que tenían que ser tratadas, negándose a tomar medicación. 

De hecho, aceptó reunirse en Bienestar Social el pasado martes pero no asistió a la cita. Incluso, números vecinos portuenses estuvieron  ayudándole, incluso se le ofreció una plaza en un centro privado, a través de un ciudadano de El Puerto. Sin embargo, pese a que se citaron para concretarlo, Julián no apareció. 

Desde el equipo de Gobierno, se reconoce que “estos casos conmocionan a las personas,  y aunque cada caso tratado es distinto, a veces, estas personas se quedan en un limbo jurídico del que les es muy difícil salir”. 

En este sentido, se recuerda que son muchos los casos en los que Bienestar Social ha intentado incapacitar a ciertos transeúntes, algunos con pensiones y ayudas económicas,  para poder actuar con ellos contra su voluntad y, sin embargo, los jueces han sentenciado, tras el correspondiente informe forense, que son conscientes de sus actos y han impedido, con las leyes en la mano, a la administración local actuar con ellos. 

Por ello, se insiste en que, desde el Ministerio de Justicia, se den alternativas de actuación para lograr que estas personas no se encuentren en un limbo jurídico que las haga invisibles y que puedan acabar sufriendo un final no deseado por nadie.

Para este lunes se ha anunciado una concentración convocada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía en la Calle Diego Niño.