Las organizaciones sindicales  FSES (Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad), Faspi (Federación Andaluza de Sindicatos Profesionales e Independientes) y la USAE (Unión Sindical de Auxiliares de Enfermería) "en nuestro compromiso con la defensa de los servicios y los funcionarios y empleados públicos de Andalucía reclamamos la restitución inmediata de todos los derechos económicos y laborales suprimidos durante los pasados años con las normas estatales y autonómicas de recortes"
Las últimas medidas aprobadas por el Gobierno central en esta línea, y los diversos acuerdos suscritos en el resto de comunidades autónomas, así como restituciones directas como las contempladas en el RD 10/2015 dejan a la Junta de Andalucía sin excusas para seguir manteniendo por más tiempo el castigo a sus profesionales.
Exigimos coherencia al Gobierno andaluz con su propio discurso, que les llevó  a denunciar en los tribunales los recortes del Gobierno central, y que  aplique de forma inmediata la devolución de los derechos recogidos en el Real Decreto-Ley 10/2015 sobre vacaciones y asuntos propios así como la restitución de la paga extra de 2012, las pagas adicionales de 2013 y 2014 y los conceptos equivalentes sustraídos a todos los colectivos afectados por la Ley 3/2012 en todos los sectores del ámbito público andaluz.
Asimismo, exigimos establecer un cronograma para la recuperación de todos los efectos negativos sobre el empleo del  RD 20/2012, los conceptos retributivos y derechos laborales suspendidos por la Ley 3/2012, incluyendo entre otros:
•    Recuperación del Empleo Público destruido
•    Negociar la vuelta a la jornada laboral de 35 horas tras el fracaso de la aplicación de las 37,5 horas.
•    Recuperación de las ayudas de acción social.
•    Reembolsar todas las cuantías económicas confiscadas en los últimos años:
-    5 por ciento rebajado en 2010 (RD 8/2010)
-    10% de las retribuciones variables íntegras (Ley 3/2012)
Para la recuperación de estos derechos no se requiere en muchos casos de promulgación, modificación, derogación o creación de norma autonómica alguna, debe ser de aplicación directa tal y como recoge la normativa estatal, y en otros aspectos la revisión de la aplicación de la Ley andaluza 3/2012 a través de la Ley de Presupuestos para 2016, actualmente en trámite parlamentario.


Respecto a los derechos sustraídos a los funcionarios y  empleados públicos andaluces, estos deberán ser tratados en cada ámbito en sus respectivas Mesa Sectoriales para la concreta recuperación de los recortes de cada sector, tras el fallido acuerdo suscrito el pasado 15 de julio de 2015 entre  la Junta de Andalucía y los sindicatos de clase CSIF, CCOO y UGT en la Mesa General de Negociación Común de la Administración de la Junta de Andalucía. Dicho acuerdo ha sido denunciado “de facto” por los sindicatos de clase firmantes y  ni siquiera fue refrendado por el Consejo de Gobierno, como preceptivamente corresponde para otorgarle validez, por lo que solo ha supuesto una coartada para el Gobierno andaluz y así demorar hasta 2016 la devolución de los recortes, perjudicando gravemente a los funcionarios y empleados públicos andaluces.
Por eso, desde las organizaciones sindicales firmantes consideramos el reciente comunicado de los sindicatos de clase CSIF, CCOO y UGT pidiendo la Junta de Andalucía la inmediata recuperación de los derechos, un reconocimiento del fracaso del citado acuerdo, comunicado que saludamos y apoyamos.
La práctica totalidad de las comunidades del Estado ya han restituido al menos el 50% de la paga extra de 2012 y se están estableciendo calendarios de devolución de derechos en los distintos sectores de las administraciones autonómicas por lo que el Gobierno presidido por Susana Díaz no puede demorar ni un minuto más esta injustificada demora en la recuperación de derechos de los trabajadores públicos andaluces.