“No existe planificación,vamos siempre por detrás del delito”

Alberto Moya es secretario general de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, AUGC, que cuenta en Cádiz con unos mil doscientos agentes afiliados y en el conjunto del territorio nacional con treinta y un mil. Es la mayor asociación dentro del cuerpo en cuanto a número de afiliados. “Somos la más representativa, con quince veces más afiliados que la siguiente”, indica Moya, quien tiene su destino en el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en Algeciras.
¿Qué objetivos tiene la AUGC, cuál es su razón de ser?
—AUGC tiene como fines estatutarios perseguir las mejoras económicas, sociales y profesionales de los agentes dentro de la Guardia Civil.
¿En qué situación se encuentra la Guardia Civil en cuando a medios materiales y humanos en la provincia de Cádiz?
—No andamos especialmente bien. De hecho, en España la plantilla ha perdido un 20 por ciento de personal, al igual que en la provincia de Cádiz. Eso supone que nos ponemos en los mismos parámetros en el año 2007 y 2008. A modo de ejemplo, la plantilla que compone el Sistema Integral, SIVE, anda en esos parámetros. Es decir, las condiciones no son buenas, hay deficiencias en la plantilla, hay falta de medios, hay falta de materiales que afectan a la buena labor de los agentes, y estamos luchando para revertir esta situación.
¿La crisis económica ha hecho mella en la Guardia Civil?
—Ha afectado y de qué manera. Por ejemplo, hemos perdido a 12.000 agentes, un 20 por ciento menos de plantilla, mientras que la delincuencia no sólo sigue existiendo, si no que ha aumentado mucho más.
También desde la AUGC se ha denunciado el estado del parque móvil en la provincia, con vehículos con una media de 300.000 kilómetros…
—Sí, ese es un dato objetivo. Y es que Tráfico tiene las mismas deficiencias que vemos en el resto del cuerpo. En Tráfico faltan hasta 20 agentes en toda la provincia y los coches tienen una media de 300.000 kilómetros, con lo que esos vehículos no son los ideales para que podamos desempeñar nuestra función. Estamos en una situación en la que como ya ha solicitado la AUGC, Cádiz necesita un plan de actuación concreto porque las necesidades de esta provincia son especiales y en cuanto a seguridad pública las necesidades son mayores aquí que en otras provincias como las que están en zonas del interior de España. 
Además de la falta de agentes, desde la AUGC se ha solicitado una actualización del Catálogo de Puestos de Trabajo que vaya acorde a las necesidades especiales de esta provincia ¿no?
—Sí porque resulta que estamos en el mismo catálogo que hace seis o siete años pero con unas necesidades mucho mayores y más complicadas porque la criminalidad en la provincia de Cádiz atiende a mafias, a una amenaza terrorista latente, con lo cual lo que estamos pidiendo desde la AUGC es una actualización del catálogo porque no es suficiente con la plantilla con la que contamos, sino que hay que aumentarla.
También pedís una reorganización del cuerpo porque conllevaría un ahorro y además mayor operatividad. Hay cuarteles muy poco operativos en zonas de la Janda Interior y la Sierra…
— En esas zonas que mencionas es casi ya imposible encontrar un cuartel abierto. Tenemos un caso concreto ocurrido en el mes de agosto, del que no voy a dar muchos datos y detalles. Un ciudadano quiso interponer una denuncia por robo, algo que sucede a menudo en esas zonas, pero al no haber ningún cuartel abierto en los alrededores de dónde vivía y tuvo que desplazarse más de cien kilómetros. Este tipo de situaciones se están dando cada vez más. Nosotros lo que pedimos es una reorganización de los medios con los que contamos y es que hay muchos cuarteles que no son operativos por la falta de plantilla.
Esa reorganización también conlleva un ahorro para la administración pública, por ejemplo es mejor tener un cuartel bien dotado que muchos sin capacidad y prácticamente cerrados…
—Efectivamente. La reorganización de las unidades no supone un coste añadido para administración y realmente sería una forma de atender realmente las necesidades que tienen los ciudadanos.
Por otro lado, has hablado de un plan de actuación especial para una provincia como la de Cádiz que nadie obvia que está en una situación geoestratégica que aprovechan las mafias de narcotraficantes, las de tráfico de seres humanos, y con la amenaza del terrorismo islámico a las puertas…
—En el último caso estamos a nivel 4, es decir, es responsabilidad aún de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin que participen las fuerzas armadas. Y el plan actuación especial va en ese sentido, es decir, aumentar por ejemplo la plantilla. Pensemos por ejemplo que los servicios de investigación en la provincia están tan faltos de plantilla como el resto de las unidades, pero es que además están desbordados. La plantilla de esta unidad está tan falta de personal como desbordada ante el número de investigaciones abiertas dada la cantidad de criminalidad que existe en esta provincia. Ese plan además es amplio, completo y ambicioso, también incluye solicitar aumentar el número de fiscalías como las de corrupción y antidroga.
En la provincia no se trata solo de paliar el menudeo de droga sino de luchar contra organizaciones mafiosas que a veces por el dinero que manejan tienen mejores medios que las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
—Cuentan con unos medios excepcionales, unos medios con los que el servidor público no está ni muchos menos a la altura de las circunstancias. Estamos viendo helicópteros, aeronaves, participando en delitos de narcotráfico. Realmente, insisto, en que por la provincia está entrando un porcentaje muy alto de la droga que se consume en Europa, no sólo ya hachís, hablamos también ya de cocaína, y la administración no está reaccionando, o está reaccionando de una forma inercial ante estos problemas.  
Precisamente la Memoria de la Fiscalía Antidroga alarmaba de ello en su informe referente al año 2014 de ese aumento del tráfico de droga en la provincia de Cádiz…
—...Producto quizás de la falta de plantilla porque hay zonas sensibles que están desguarnecidas. Otro dato de la citada fiscalía habla de que en proporción las condenas penales en la provincia de Cádiz son mayores que en el resto de España. 
La citada memoria hacía hincapié en el aumento del tráfico de cocaína, con numerosas aprehensiones sobre todo en la Bahía de Algeciras, y hablamos de mafias potencialmente más peligrosas que las que se dedican al hachís…
—Evidentemente. Estamos hablando de otro tipo de delincuentes pero básicamente una vez que las vías están abiertas se utilizan de una u otra forma. Hay más sensibles que otras y por eso hace falta un plan de actuación concreto… las desembocaduras de los ríos están muy desguarnecidas, la falta de plantilla, las deficiencias en el Servicio Marítimo, es que Cádiz necesita una actuación especial.
Como agente qué sensación tiene al ver barreras que se pusieron en algunas desembocaduras de ríos y que ahora están inactivas, oxidadas…
—La sensación es de impotencia. Es decir, estamos luchando contra delitos, contra mafias que cuentan con medios muy superiores a los que podemos manejar nosotros, pero desde las administraciones no se está haciendo todo lo posible. Existe un plan de ordenación territorial que puede ayudar a evitar este tipo de desembarcos, a paliar estos delitos contra la salud pública. Y es que no existe planificación, la administración trabaja a golpe de inercia, vamos siempre por detrás del delito y además lo que ya estaba hecho no se mantiene, con lo cual seguimos en las mismas.
¿Y el SIVE?
—Ahí tenemos la misma plantilla que en el año 2007, pero obviamente con más necesidades.
¿En qué situación se encuentran la entrada de pateras y las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos?
—No estamos en las cifras del año 2.000, la inmigración ilegal se ha desviado a otras rutas como bien sabemos, pero el goteo continúa y quizás mucho más peligroso. Es decir, embarcaciones muy pequeñas para no ser detectadas, con lo cual la integridad física de sus ocupantes corre un alto riesgo… estamos viendo de forma continua motos de agua con dos o tres inmigrantes a bordo cruzando el Estrecho, sin el menor miramiento porque cuando son detectadas los mafiosos arrojan a estos inmigrantes al agua, una situación totalmente dantesca… balsas hinchables que llamamos de ‘juguete’ porque son de ‘juguete’ que cruzan de igual forma el Estrecho. Por lo que las tragedias en el Estrecho siguen aumentando.
¿Está el Servicio Marítimo de la Guardia Civil preparado para luchar contra ese tráfico?
—Existe un plan para que este servicio se haga cargo de esta situación. Los medios ahora son mayores que en épocas anteriores, no cabe duda, pero seguimos insistiendo en que la plantilla y los medios que contamos en los servicios marítimos de Algeciras y de Cádiz son insuficientes porque estamos absolutamente desbordados.
¿Podría repetirse una tragedia como la que sucedió con la patera de Rota?
—Podría darse, sí. En el momento en que escasea la plantilla, en que los medios no estén cubiertos al cien por cien, en un momento puntual sí podría volver a repetirse.
La AUGC denunció en su día a Jarque García, un agente de la Sierra de Cádiz que lanzaba unos tuits “golpistas, fascistas y machistas’…
—Sí, de nuevo tuvo que ser esta asociación quien denunciara una actitud antidemocrática y contra el Estado de Derecho. En estos momentos hay una denuncia interpuesta por la propia Guardia Civil en la que estamos personados como acusación popular. Lo que está claro es que se ha minimizado esta situación  y ahí vemos un doble rasero. Tenemos, vivimos una situación brutal de acoso y persecución en la Sierra de Cádiz contra agentes por parte de mandos naturales, de modo que están siendo expedientados, contamos hoy en día con diez agentes de baja psicológica por esta situación, frente a una actitud claramente delictiva como fueron los tuits de este señor. Por eso denunciamos ese doble rasero.
Cambiamos de tema… ¿avanza la unificación de los cuerpos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, algo que demandan los sindicatos y asociaciones de ambas fuerzas?
—Los sindicatos y asociaciones mayoritarias en ambos cuerpos abogamos por la unificación de las dos policías estatales. Eso evitaría la duplicidad de servicios y la descoordinación que se da en algunos casos y operaciones. Hemos tenido un ejemplo hace poco en León donde quienes seguían el rastro de la peregrina que se apartó del caso por un problema de competencias con la Policía Nacional que podría haber ocurrido al contrario. Eso no puede ser. Al final quien lo sufre es el ciudadano. Sólo en personal se puede ahorrar unos 3.000 millones de euros en el Presupuesto General del Estado. En centro de formación habría un ahorro de 80 millones de euros entre otros muchos casos. De manera que por ejemplo anulando los servicios burocráticos podrían sacar a la calle más de cinco mil agentes para la seguridad ciudadana.
¿Y por qué no se da ese paso ya? Han pasado varios gobiernos de distintos colores y nada cambia…
—Las razones son varias pero evidentemente son políticas. Parece ser que la unificación supondría la desaparición de cuerpos con mucho prestigio y el político no se atreve a recibir una crítica del ciudadano. Es básicamente un problema político y no operativo o estratégico, porque es seguro que sería mucho más funcional tras la unificación.
Pero es anacrónico que un cuerpo de seguridad estatal dependa del Ministerio de Defensa y que por ejemplo un agente de la Guardia Civil pueda acabar en el calabozo por comerse un bocadillo en hora de servicio, lo que en otro cuerpo supondría una sanción en todo caso disciplinaria o administrativa...
—Sí lo es. Pero no sólo es anacrónico sino que vamos hacia atrás. En concreto, el Partido Popular ha remilitarizado a la Guardia Civil, es decir, ha aplicado normativas de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil de manera que los derechos de sus agentes son menores en estos momentos, tanto en derechos fundamentales como profesionales. Pero no sólo eso, sino que incluso se ha aplicado operatividad de las Fuerzas Armadas a la Guardia Civil. Es anacrónico y nos encontramos con casos como un guardia civil que entra en prisión por meras faltas laborales que en otros ámbitos policiales sería merecedor en todo caso de una sanción económica y poco más.
De hecho en la AUGC son muchos los miembros con expedientes disciplinarios abiertos, como es su caso…
—Sí. En mi caso son siete expedientes disciplinarios por mi actividad representativa en la asociación porque en cuestiones de servicio no he tenido nunca ningún problema, al contrario, he sido condecorado en varias ocasiones por los servicios realizados. Eso es lo que hay, pero nuestro rechazo, nuestra protesta es que vamos hacia atrás, no vamos evolucionando y el modelo policial, insisto en la idea, que tiene ya treinta años necesita ya una revisión
Es difícil explicar que por ejemplo no podéis tener un sindicato…
—No está prohibido por la Constitución, está prohibido por una decisión política y en esas estamos desde siempre y cuando la democracia llegó a toda la sociedad y al resto de policías, no llegó y no ha llegado aún a la Guardia Civil.
Este verano se hizo público un estudio sobre la tasa de suicidios entre los agentes de la Guardia Civil evidenciando unos datos sencillamente brutales y demoledores…
—Sí, efectivamente. El problema es que la institución está ocultando este tipo de datos. Ha tenido que ser la AUGC, a través de un informe externo de un grupo de psicólogos, quien saque a la luz esta circunstancia. Es decir, cada 26 días se suicida un guardia civil. Eso es muy tráfico…
Lo dices y se pone la piel de gallina…
—…Hay un porcentaje mucho más alto que en resto de policías y por supuesto que en el resto de profesiones de esta sociedad.
Ahí tendrá mucho que ver las condiciones laborales de los agentes ¿no?
—Evidentemente las condiciones laborales influyen en estos datos, en esta tragedia. La policía peor pagada en todo el Estado es la Guardia Civil.
¿Qué se puede hacer? Porque si no podéis tener un sindicato para luchar contra ello la cosa se complica…
—Esta es la gran contradicción. Si tenemos unos derechos especialmente prohibidos y una sujeción especial por ser guardias civiles, deberíamos tener un régimen de protección mayor. El problema es que tenemos unas condiciones laborales y salariales peores que en cualquier otro cuerpo de policía.
Para terminar ¿en qué va a consistir esa manifestación que hay convocada para el 14 de noviembre?
—Bueno nosotros la hemos denominado ‘Marea de Tricornios’ para que sea fácilmente identificable por la ciudadanía. Y en ello lo que vamos a demandar, como hacemos todos los días, es la equiparación de derechos con el resto de policías. No por ser guardias civiles tenemos que padecer una situación de agravio, de discriminación, en sueldo, en material, en turnos de trabajo, etc