El alcalde, Bruno García, entiende que la petición realizada por Cádiz Centro Comercial, adelantada este martes por VIVA CÁDIZ, al Ayuntamiento para el aplaplazamiento de la puesta en marcha del proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE) hasta 2035, año en el que la Unión Europea (UE) prohibirá la fabricación de coches de combustión, se debe a la falta de participación llevada a cabo por el anterior equipo de Gobierno para poner en marcha la iniciativa tanto en el Casco Histórico como en el Paseo Marítimo.
Por ello, cuestionado sobre la información publicada por Beatriz Estévez, se ha mostrado partidario del dialogo, aunque ha remarcado que el equipo de Gobierno “cumplirá con la normativa europea”. Por el momento, detalló, Bruselas ha concedido una prórroga hasta 2024 para la ejecución del proyecto y ha recordado que la fecha límite inicial, diciembre de este año, para poner en marcha las restricciones al tráfico, no se pondrán en marcha hasta 2025 e incluso 2027.
Entre tanto, ha añadido el primer edil, es preciso elaborar la ordenanza reguladora, “columna vertebral” de la iniciativa, para la que también ha ofrecido escucha.
“Los comerciantes se equivocan”
Ecologista en Acción, por su parte, ha lamentado la petición de Cádiz Centro Comercial. “Es la asociación de comerciantes, no de vecinos y se equivocan por completo”, ha apuntado el portavoz de la organización Daniel López Marijuán. “Las Zonas de Baja Emisión son una obligación y debería estar implementadas. Además, si no se ponen en marcha, se perderán todas las subvenciones”, ha advertido.