El presidente del grupo municipal popular de Cádiz, Juancho Ortiz, atizaba ayer las brasas del conflicto adelantado por VIVA CÁDIZ por el recorte del espacio destinado a mesas y sillas de una decena de establecimientos en la emblemática calle de La Viña por parte de la Delegación de Urbanismo.
Ortiz disparó contra todos al apuntar que “el trabajo de la gente no puede depender de los caprichos de dos que forman Calle Viva que son los mismos de la Zancada y que están decidiendo por todos qué hacer con la ciudad” y, concretamente al alcalde, José María González, Kichi, le pidió que se dé cuenta de que “los pitos de las ollas tienen que sonar en casa de todos los gaditanos”, en referencia al sector hostelero.
Pero al margen del pimpampum político, Ortiz puso el foco en lo verdaderamente importante: la normativa. En este sentido, reclamó un moratoria de la Ordenanza de Terrazas. No aclaró para qué, pero la clave pasa por un texto aprobado en 2019 con la abstención del PP “por falta de consenso”, según adujo Vicente Fernández, que se presta a interpretaciones contrarias a tenor de los hechos.
El presidente de la patronal Horeca, Antonio de María, ha insistido en que los empresarios cumplen al pie de la letra las prescripciones municipales en lo referente a la distancia para dejar paso a los vehículos de emergencia y los peatones, y para guardar la distancia necesaria con las viviendas, y admitió que algunos establecimientos han utilizado zonas vacías siempre con el consentimiento de los vecinos.
De María advierte, en cualquier caso, de que la calle de La Palma es una calle singular, de acuerdo a la propia Ordenanza de Terrazas y, por lo tanto, debe contar “con un plan singular”
El responsable de Urbanismo, Martín Vila, que dio la orden de actuar en la calle de La Palma para adecuar los veladores a lo dispuesto, indicó en comparecencia ante los medios de comunicación que Horeca, a la que se refirió como “Lloreca”, no representa al sector, trata de conservar los privilegios que, en su opinión, disfrutó con anteriores corporaciones locales hasta que Adelante Cádiz tomó el Gobierno y, lo más importante, advirtió de que cumplía con los decretos municipales a resultas de la tramitación administrativas de permisos.
Las incógnitas que habrá que despejar es si los permisos son definitivos, pero, a priori, el alcalde, que expresó su intención de abordar el problema con los hosteleros, tendría menos margen de actuación.
De María y los hosteleros mantienen la esperanza, aunque, especialmente los propietarios de la calle de La Palma son conscientes de que “no se ha parado nada” y que lo tienen “muy difícil”, lamentando la inseguridad jurídica con la que tienen que trabajar.
El equipo de Gobierno, entretanto, ha enterrado el hacha de guerra y, tanto Vila como Kichi han manifestado su intención de resolver el conflicto de manera interna, tras restar importancia al intercambio de opiniones de manera pública. Sin embargo, hosteleros y oposición no van a aflojar la presión.
