El censo de minas en Andalucía suma en estos momentos 3.828 instalaciones, de las cuales 867 están abandonadas, es decir, no son responsabilidad de ningún propietario.
Ese número, facilitado a Efe por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, todavía puede aumentar, pues corresponde a un censo elaborado hace dos décadas, que se actualizará hasta el final de este año.
En ese inventario inicial aparecen 3.131 minas, concepto que incluye desde canteras de mármol a explotaciones de carbón. Córdoba, con 645, Jaén (583) y Huelva (419) son las provincias con más instalaciones. Málaga (214), Almería y Cádiz, en ambos casos con 298, son las que tienen menos minas.
La actualización del censo incluirá, además, más información sobre posibles acciones para la rehabilitación de esas instalaciones, o incluso el aprovechamiento de los residuos generados, informa la Junta.
“No se trata de un inventario de lugares donde sea necesario actuar ni que la Administración esté obligada a hacerlo”, explica la Junta. “En muchos casos, el terreno ha sido rehabilitado de forma natural a un uso posterior, principalmente forestal”.
No obstante, el objetivo de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades es “conocer la realidad de todas las instalaciones y poder disponer de una relación de aquellas que tengan un efecto ambiental o un riesgo más elevado, para priorizarlas a la hora de acometer alguna actuación de rehabilitación”.
La Asociación de Empresas Investigadoras, Extractoras, Transformadoras, Auxiliares y de Servicios del sector minero (Aminer) indica a Efe que el grueso de esos abandonos se produjo tras la caída de los precios de los metales en los años 80. “Son heridas abiertas en la tierra que hay que curar”, señala Pedro Jiménez, asesor jurídico de la entidad.
Una de las opciones es que la propia Administración aborde la restauración ambiental. Y la otra, “mucho más factible”, pasa por una nueva concesión que permita aprovechar la explotación o las escombreras abandonadas.
“Gracias a la tecnología y al auge de nuevos metales” puede ser rentable reutilizarlas y lograr el compromiso de la nueva empresa concesionaria con la restauración ambiental.
Las concesiones mineras se otorgan para 30 años, prorrogables a 90. Puede haber minas abandonadas cuyos derechos estén vigentes, indica Urium Legal. Si detecta el interés de algún operador, la Administración puede iniciar un proceso de caducidad.
