"¡Libertad, libertad!” gritaban algunos de los diputados de derecha y centroderecha desde sus escaños cuando se ponían a votación las prórrogas de los decretos-leyes del Estado de Alarma en el Congreso. Pero los gritos duraron varios minutos cuando se aprobó la nueva ley de educación, que también les parecía un ataque a la libertad. La libertad, al parecer, se ha perdido irremediablemente en España. La salvaguarda de las libertades la tienen justamente los que han usado -después de haber votado clamorosamente en contra- las leyes que reconocían las libertades de la separación matrimonial y divorcio, del aborto, del matrimonio de las personas del mismo sexo, de igualdad entre hombre y mujer, de la eutanasia…
Aquellos iniciales Estados de Alarma con confinamiento domiciliario eran muy rígidos, salvo para los servicios esenciales. Vox no apoyó ninguno. El PP respaldó los primeros, pero pronto miró a la derecha y a la calle Núñez de Balboa y entendió que España se aproximaba a las dictaduras (experimento comunista según un senador del PP) con la reiteración del confinamiento porque atacaba las libertades individuales. Es clarísimo que las libertades quedan restringidas con las medidas de los Estados de Alarma, pero es evidente que se aplican por motivos estrictamente sanitarios, dada la extensión de la pandemia. El último de la primera ola fue aprobado agónicamente con los partidos nacionalistas y otorgándole las capacidades a las comunidades autónomas, ante la imposibilidad de aprobarlos de ninguna otra forma, ya que la derecha se negaba radicalmente a su aprobación.
Ahora distintas comunidades piden confinamientos domiciliarios obligatorios, como aquellos que produjeron la subida escandalosa del consumo de ansiolíticos e insomnios duraderos para una parte importante de la población. Los partidos que denunciaban la injerencia del Estado en la libertad exigen terminantemente dichas medidas. Incoherencia sobre incoherencia. Se quiere tratar a los ciudadanos como tontos desmemoriados. Hay otros mecanismos menos estrictos e igualmente efectivos antes de llegar al “arresto domiciliario” como son los cierres perimetrales, las restricciones variables de movilidad territorial, la suspensión selectiva de actividades comerciales de distinto tipo, los toques de queda más amplios o la restricciones al derecho de reunión.
Las medidas, en cualquier caso, no se pueden adoptar sin el respaldo del Congreso. Castilla-León ha dado un mal ejemplo actuando por su cuenta en medidas que restringen las libertades, aunque sean necesarias. Es la ley.
