El alcalde de la localidad malagueña de Almogía, Cristóbal Torreblanca, ha sido imputado por los delitos de prevaricación urbanística y falsedad documental, después de que haya quedado en libertad con cargos tras declarar ante la Guardia Civil.

El abogado del regidor, Jose Carlos Aguilera, explicó ayer a los periodistas que, tras declarar, Torreblanca se fue "tranquilamente", a lo que añadió que condicionará su dimisión como alcalde y diputado provincial en función de cómo avance la investigación.

"La calificación jurídica es provisional y está toda la investigación por desarrollar", recordó el letrado, que especificó que no puede confundirse un delito de prevaricación urbanística "con una mera infracción".

En este sentido, se mostró convencido de que "difícilmente" se puede sustentar una acusación de prevaricación urbanística "cuando las licencias se otorgan con informes técnicos y jurídicos favorables", y subrayó que todos los expedientes investigados tenían los informes favorables.

"Un alcalde es incapaz de discernir hasta donde llega la legalidad desde el punto de vista técnico o jurídico de un expediente de licencia de obra", indicó Aguilera, que aclaró que una imputación no significa acusación ni condena, por lo que pedir la dimisión de un cargo público "es una perversión".

No obstante, afirmó que si avanzada o concluida la investigación el fiscal llegara a formular una acusación, Torreblanca se plantearía dimitir.

Asimismo, fuentes del PSOE indicaron a Efe que hasta que no haya una decisión por parte del juez, el partido no tomará una decisión sobre la dimisión de Torreblanca como alcalde y, en consecuencia, como diputado provincial.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, aseguró que Torreblanca se encuentra "muy animado y convencido de que no ha cometido ninguna irregularidad", y cree que las declaraciones del alcalde de Almogía en las que dijo que dimitiría si resultaba imputado las hizo "en unos momentos de presión".

Precisamente, Pendón firmó ayer un convenio con alcaldes de municipios de la comarca de Antequera para la creación de una oficina territorial de urbanismo, con el objetivo de que estas localidades dispongan de instrumentos suficientes para la gestión del urbanismo y evitar que se produzcan "episodios no deseables".