Abengoa muestra que sigue viviendo peligrosamente. La compañía ha tenido que anular precipitadamente la presentación de sus resultados del primer semestre, que se iba a celebrar a las seis de la tarde de hoy martes, con la comparecencia del director financiero, Víctor Pastor. El motivo: la sentencia del juzgado de lo Mercantil 2 de Sevilla, el mismo que tramitó el pacto de refinanciación de la empresa y le dio su visto bueno en noviembre pasado, en la que acepta parcialmente la impugnación del mismo por creer excesivo que tuvieran que renunciar al 97% de la deuda pendiente a que obligaba ese plan de rescate.
La compañía andaluza que preside Gonzalo Urquijo se ha derrumbado en Bolsa un 14,2%, hasta los 12 céntimos por título. La sentencia, firme, señala que la treintena de inversores podrán recuperar íntegramente el desembolso que hicieron en bonos de la empresa, por valor de unos 10 millones de euros. Entre los opuestos al plan, y que lo impugnaron, están inversores como la familia andaluza Melgarejo, otras familias españolas o firmas de inversión.
La compañía señala que esto le obliga a rehacer los resultados del primer semestre para recoger ese impacto, y por eso pospone la presentación. El plazo límite para dar a conocer esos resultados es el próximo viernes 29, último día hábil del mes.
El problema para la compañía es que, aunque la sentencia es clara al señalar que la devolución de todo lo invertido se refiere exclusivamente a los inversores que impugnaron el rescate financiero de Abengoa, el mercado teme que puedan presentarse más demandas en la justicia ordinaria, no mercantil, contra ese acuerdo de reestructuración.
La compañía, además, detalla en su comunicación de ayer a la Bolsa para avisar del retraso en la presentación de resultados que la sentencia no permite determinar el tratamiento que se tiene que dar a la deuda que ahora ha quedado excluida del acuerdo de reestructuración, por lo que pedirá una aclaración al juzgado.
Antecedentes
En noviembre de 2016 el juzgado declaró la homologación judicial del acuerdo de refinanciación, con lo que se extendió a todos los acreedores, lo que llevó a varios a impugnarlo. Ahora el juez ha ratificado la homologación y extensión del acuerdo, excepto para quienes lo impugnaron, a quienes reconoce el derecho a cobrar la deuda cuantificada antes del acuerdo. La empresa recibió 1.170 millones de banca y fondos para evitar su quiebra en marzo.
