La Fiscalía de Cádiz ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Chipiona sobre el pago de facturas a la empresa concesionaria del servicio de limpieza, FCC- Althenia, por unos servicios presuntamente no prestados en el pago de Valdeconejos durante el segundo semestre de 2008, y que en su defecto fueron realizados por un particular. La misma Unión Temporal de Empresas, en respuesta a la demanda de explicaciones de la oposición, dice en un informe entregado en Registro, haber “contratado los servicios ajenos de Emilio Rodríguez Vargas”. Un señor cuyas facturas emitidas con su sello particular a varios vecinos de Valdeconejos obran en poder de la Fiscalía.
La ampliación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos hacia este núcleo de viviendas fuera de ordenación, ubicado en la margen izquierda de la carretera de Sanlúcar, fue aprobado por el Pleno municipal a propuesta del alcalde, Manuel García, en julio del 2008. El regidor alegó “razones de interés público higiénico-sanitarias” expuestas en un informe del SAS, negando que la prestación del servicio “pueda servir para la regularización de las viviendas, así como tampoco incidir en los expedientes incoados para restablecer la legalidad urbanística en la zona”. La ampliación del nuevo servicio, ascendente a 617.070 euros, contó con los votos a favor de PSOE -que ostenta la mayoría absoluta-, PA, PSA e IU, y la abstención del PP.
Así, durante los seis meses posteriores, la empresa facturó por una “ampliación de servicio”. Según el acta de la Junta de Gobierno Local celebrada el pasado 30 de enero y que obra en poder de la Fiscalía, el Consistorio aprobó abonar esas facturas correspondientes al periodo julio- diciembre de 2008 -justo después de que el Pleno aprobara la ampliación del servicio- por un importe de 242.629 cada una, a excepción de julio, ascendente a 216.912 euros. Esto supone una liquidación de 1.430.057 euros para la UTE. En el cuadrante de gastos, éste aparece justificado literalmente como “servicio de recogida de RSU, limpieza viaria y ampliación del servicio”. Así las cosas, los concejales de PP, IU y PSA presentaron por registro el pasado mes de marzo la petición de varios informes en virtud de las “irregularidades” detectadas. A la sazón, “no se presta el servicio de recogida en Valdeconejos, no se han colocado contenedores y se está prestando un servicio no acordado. Un camión marca (...) a nombre de Emilio Rodríguez Vargas, recoge de forma manual las basuras depositadas en bosas y cubos, y cobra por ello una cantidad a los vecinos”.
Sin embargo el informe de intervención reza que “según los datos obrantes en la contabilidad municipal, las facturas presentadas por la empresa en las que se incluye la ampliación del servicio” son las correspondientes al periodo julio- diciembre de 2008, por un importe total de 282.816 euros, a razón de unos 50.000 al mes. Algo que, según la interventora, también fue aprobado en la misma Junta de Gobierno Local.
LA UTE RECONOCE QUE SUBCONTRATÓ LA RECOGIDA DE BASURAS A UN HOMBRE
Entre la documentación que la Fiscalía ha valorado para admitir a trámite la denuncia, se encuentra un breve escrito emitido por la Unión Temporal de Empresas formada por FCC y Althenia hacia la Alcaldía, con entrada en registro de 24 de marzo, en el que explican que el servicio en Valdeconejos “se está prestando e implantando progresivamente desde el 15 de julio de 2008”, cinco días después de que el Pleno aprobara la ampliación del contrato para atender esa zona de viviendas fuera de ordenación. Según el documento, firmado por Federico Navarro, Jefe de Servicio de la UTE, “desde el inicio del contrato, parte del servicio se está realizando con la contratación de medios ajenos, a la espera de la llegada de los propios. A partir del 1 de abril de 2009 todo el servicio se realizará con medios propios. Entre los medios ajenos contratados se encuentran los servicios prestados por Don Emilio Rodríguez Vargas”.
En cuanto al encargado de seguimiento de la contrata, Juan Antonio Rodríguez Gallego, éste respondió por escrito que desde el 30 de marzo “los contenedores están distribuidos y el servicio se viene prestando con medios propios de la empresa”. A la espera de un camión más pequeño, “se está utilizando uno ordinario”.
DE 300.000 EUROS A MÁS DE UN MILLÓN EN TRES AÑOS
El Ayuntamiento de Chipiona, gobernado por una coalición entre PSOE, PSA e IU, privatizó el servicio de limpieza viaria y de recogida de basuras a principios de 2006 por unos 300.000 euros anuales durante ocho años. Una gestión que provocó una importante polémica por la supuesta concesión “a dedo”, que denunciaba la oposición. Ésta alegaba que la otra candidata, Urbaser, presentó una oferta más cara, pero con una diferencia salarial anual de más de 5.000 euros para el peón de día y más trabajadores en plantilla. El alcalde, Manuel García, explicó en su momento que de ser necesario, se ampliaría el contrato con FCC- Althenia, pero tras varios amagos de huelga, la empresa subió el sueldo a los trabajadores y se vió obligada a contratrar a más personal en los meses de verano.
Mientras tanto, se sucedieron las denuncias de la oposición “por el cobro de servicios no prestados”. De hecho, la que fuera concejala de Hacienda, Esperanza Rodríguez, ahora fuera de las filas del PSOE, se negó a aprobar la primera factura de la empresa, de unos 83.000 euros, ya que figuraban costes por el uso de maquinaria que aún no tenía disponible. Tampoco el soterramiento de contenedores, motivo que justificó una subida para los vecinos del 50 por ciento en el recibo de la basura, se ha llevado a cabo hasta ahora. Cuando a principios de 2007 el PSOE se quedó en minoría en el equipo de Gobierno, el Pleno aprobó iniciar el rescate del servicio, pero éste se vió interrumpido con la mayoría absoluta que el PSOE obtuvo en las urnas.
Ahora, tres años después, la Junta de Gobierno ha aprobado facturas del segundo semestre de 2008 por una suma de 1.430.057 euros. Una cifra que dista muy mucho de la aprobada en 2006: 300.000 euros al año, en total, 2.400.000 euros por los ocho años de concesión administrativa. En el informe remitido a Fiscalía, la oposición se plantea “que tras todo esto se encuentra una financiación ilegal del PSOE o al menos del alcalde, ya que tenemos conocimiento de que le pagó la campaña electoral (...). Luego, curiosamente, una vez pasadas las elecciones municipales y conseguida la mayoría absoluta se subió el canon en casi 1.000.000 de euros, además de otra reciente subida de casi otro millón de euros. En menos de tres años se ha duplicado el canon de la empresa de limpieza, lo que supone una subida del cien por cien”.
