Tras año y medio salpicando el escenario político, 66 comparecencias, mil dardos envenenados entre partidos, broncas sonoras por la falta de documentación o los supuestos obstáculos interpuestos desde la cúspide de la Junta, un enredo judicial en paralelo y todo... para (casi) nada. El Parlamento de Andalucía ha enviado este miércoles directamente a la papelera el trabajo acumulado desde septiembre de 2015, cuando la propia Cámara autorizó crear una comisión de investigación que depurase responsabiliddes políticas sobre las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de las ayudas públicas que financiaron los cursos de formación para el empleo entre 2002 y 2011, cuando se publicó la última convocatoria. La comisión echó a andar en su tramo más suculento escuchando el testimonio del interventor de la Junta en Almería en marzo de 2016 y echó el cierre de esa etapa clave con la versión de lo ocurrido de Susana Díaz, un 31 de mayo de ese mismo año. El problema es que con todo ese cadual de datos, declaraciones y versiones los cinco partidos políticos que se sientan en el Parlamento no han sido capaces de consensuar sus conclusiones. El dictamen elaborado por el presidente de la comisión, Julio Díaz (Ciudadanos), queda pues en papel mojado.
Las previsiones se cumplieron y también los peores augurios: era imposible pactar un dictamen que satisficiera a todos. El documento fue rechazado por la mayoría de la Cámara con los votos en contra de Partido Popular, PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Tan sólo Ciudadanos, el partido que impulsó la creación de la comisión hace año y medio y a cuyo grupo pertenece su presdiente, Julio Díaz, ha acabado dándole su apoyo. El resto de partidos le han negado finalmente el apoyo por distintos motivos. El PP, Podemos e IU porque, además de otras múltiples consideraciones, exigían que Susana Díaz también fuese incluida en la nómina de responsables políticos del caso. No fue así porque el listón máximo se colocó en los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a quienes se acusa de haber nombrado, y por lo tanto ejercido el control directo, a todos los consejeros y el resto de altos cargos de las consejerías que tuvieron responsabilidad en la gestión de los fondos de los cursos y que están señalados en las conclusiones del dictamen. El PSOE tampoco le ha dado su apoyo justo por lo contrario: además de oponerse a que Díaz cargase con el peso de la culpabilidad, tampoco aceptaba que los expresidentes se vean salpicados. Es más, el Grupo Socialista niega que exista trama alguna y exige disculpas públicas al resto de partidos por sus "acusaciones lapidarias". El dictamen de la formación queda pues como aquel que echó el telón del de los ERE, camino de la nada y el olvido.
