Los abogados Felipe Izquierdo y el bufete Ius+Aequitas han remitido un escrito a la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional, que instruye la querella contra el expresidente y el exconsejero delegado de Abengoa Felipe Benjumea y Manuel Sánchez, en el que solicitan formalmente un documento clave dentro de la crisis de la empresa.

Se trata del informe de auditoría realizado en 2015 por KPMG, por encargo de los bancos acreedores pero pagado por Abengoa, para conocer la verdadera situación contable y financiera ante la ampliación de capital (finalmente fallida) de 650 millones que esos bancos iban a respaldar. La petición se sustenta en las declaraciones realizadas ante la magistrada el pasado 20 de julio por Rodrigo Echenique, presidente de Santander en España, y Pablo López, primer directivo del HSBC en España, sobre la desconfianza del sistema financiero en Abengoa, las dudas sobre su verdadera situación desde noviembre de 2014 (un año antes de presentar preconcurso)  y las dudas que sus cuentas generaban, especialmente en Santander. “Las cuentas decían que eran unas, y luego resulta que eran otras”, dijo Echenique.

Se da la circunstancia de que el actual presidente de Abengoa, Antonio Fornieles, fue socio director de KPMG en Andalucía. Los querellantes buscan en ese informe datos o apreciaciones de los auditores que permitan sustentar que Benjumea y Sánchez conocían la delicada situación de la empresa y aún así cobraron sendas indemnizaciones de 11,4 y 4,4 millones de euros. Los querellantes, que representan a bonistas, consideran que cometieron con ello un delito de administración desleal.

Además, solicitan a la juez que pida a la Seguridad Social la trayectoria de cotización de Benjumea. Y ello porque el acta del consejo en el que cesó como presidente recoge que la empresa seguiría cotizando por él para que a futuro pueda cobrar la pensión pública máxima.