La junta que iban a celebrar en la tarde de hoy jueves los 96 jueces de la capital hispalense para analizar el estado de las negociaciones abiertas con el Ministerio de Justicia en cuanto a reformas a acometer ha sido finalmente suspendida 'sine die' al no existir el 'quórum' necesario para su celebración.
Así, y según explicó a los periodistas el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, la junta requería para su celebración de la presencia de, al menos, 48 jueces --es decir, la mitad de los existentes en la capital--, pero finalmente no se llegó a esa cifra y la reunión tuvo que ser suspendida.
El orden del día no incluía la posibilidad de respaldar la huelga convocada a nivel nacional para el próximo día 26 mes de junio, ya que, según ya recordó Ballester, "fueron las asociaciones judiciales las que la anunciaron", por lo que "no se ha visto conveniente incluir ese extremo" en la reunión.
En esta junta, estaba previsto que el juez decano diera cuenta a los asistentes de los últimos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo para reformar la justicia, de los que fueron informados en una reunión celebrada la pasada semana en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la que acudieron también el secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, y otros altos cargos del Ministerio.
Acuerdos
A ello se une el reciente acuerdo alcanzado por los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, que han pactado enmendar el Proyecto de Ley de aplicación de la nueva Oficina Judicial. El contenido de estos acuerdos ha provocado que las asociaciones Jueces para la Democracia y Francisco de Vitoria se hayan descolgado de la convocatoria de huelga para el próximo mes.
Entre los puntos del pacto alcanzado en el Congreso para reformar la Justicia está lo relativo al control de la agenda de señalamientos de juicios, que el Anteproyecto de Bermejo atribuía a los secretarios judiciales en detrimento de los jueces, a quienes corresponde hoy en día esta función.
Si se aprueba la reforma pactada, la gestión de la agenda corresponderá a los presidentes de Sala y Sección, que se ocuparán de fijar los días predeterminados para celebraciones de vistas públicas, la hora y el tiempo aproximado de duración de la audiencia. Los secretarios judiciales deberán sujetarse a los criterios de los jueces y establecer la agenda en función de éstos.
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