La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio, dirigida a la Consejería de Justicia e Interior, para conocer los "detalles" de la reanudación del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (Soajp) en Andalucía. Ésta tuvo lugar tras el convenio suscrito el pasado 13 de febrero entre el consejero de Justicia, Emilio de Llera, y el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, José Pascual Pozo.
Según el texto de la actuación, consultado por Europa Press, el Defensor solicita información sobre la participación de la Administración General del Estado en el convenio suscrito y en los acuerdos que se expresan en el citado texto; la previsión de dotación presupuestaria para atender los servicios generados en el marco del convenio suscrito sobre el Soajp; así como una copia textual del acuerdo firmado.
En la exposición de motivos, el Defensor señala que la Institución viene realizando "un especial seguimiento" ante el problema que subyace "en una importante presentación de quejas" a cargo de presos, de sus familiares o entidades sociales comprometidas con la promoción de los derechos de este colectivo, que se refieren a la "escasa tutela jurídica" que disponen y que antes era atendida gracias a los servicios que se prestaban desde el Soajp.
En este sentido, hay que recordar que el pasado octubre la Defensoría abrió una queja de oficio para impulsar la recuperación de este servicio, que aseguraba, "era muy demandado por presos y abogados". Además, se refería a "los efectos perjudiciales que se estaban produciendo desde que fuera suspendido" este servicio que ahora vuelve a prestarse en los centros penitenciarios y que se desarrolla a cargo de turnos especializados de los Colegios de Abogados de Andalucía.
Tras saber a través de los medios de comunicación que los presos recuperan el servicio de orientación jurídica, el Defensor, asegura, "ha de velar muy especialmente por el impacto que tal retraso pudiera acarrear en las personas que aguardan la prestación de estos servicios desde hace años". Por ello, y por "carecer de los detalles del acuerdo suscrito y el alcance de los servicios previstos que se ofrecían a través de dicho convenio", Maeztu pide información a Justicia sobre la puesta en marcha del Soajp.
