Tres ex directores generales de Trabajo de la Junta de Andalucía y otros ex altos cargos se han acogido hoy a su derecho a no declarar ante la juez de los ERE y han denunciado la "ocultación dilatada" de documentos, la indefensión que sufren y que el Gobierno regional "manipuló" los expedientes entregados al juzgado.

La juez Mercedes Alaya ha tomado hoy declaración a los ex directores generales Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, a la exasesora de Empleo María José Rofa y a Miguel Ángel Serrano, exdirector del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), todos ellos imputados por las ayudas a Altadis y A-Novo y que se han acogido a no declarar.

María José Rofa, exasesora de la Dirección General de Trabajo, ha presentado un escrito a Alaya en el que afirma que los expedientes aportados por la Junta al juzgado están incompletos y de ellos se han retirado papeles que podrían implicar a otras personas.

Además, en dichos expedientes se han incluido correos electrónicos enviados por Rofa y pertenecientes a otros informes con el supuesto objetivo de incriminarla y "que pareciese que era ella quien mandaba", según han informado a los periodistas abogados personados en la causa.

Al igual que los demás imputados, Rofa ha argumentado que en la causa no figuran todavía los atestados de la Guardia Civil sobre las ayudas a Altadis y a la empresa malagueña A-Novo.

Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, hacía hoy su cuarta comparecencia como imputado por el caso de los ERE, en dos de las cuales acabó en la cárcel, y también se ha acogido a no declarar porque se siente indefenso.

Su abogado, Fernando de Pablo, ha dicho a los periodistas que hay declaraciones y documentación que todavía no se han aportado a la causa judicial, por lo que se sienten indefensos y por ello el ex alto cargo se ha acogido a su derecho a no declarar, según la actitud adoptada por la mayoría de imputados de los últimos meses.

Ni la fiscalía ni las acusaciones han pedido fianzas civiles para Guerrero dado que ya se encuentra libre bajo fianza.

A continuación ha comparecido el sucesor de Guerrero, Juan Márquez, quien en una comparecencia de cinco minutos también se ha acogido a no declarar, y Daniel Alberto Rivera, que ocupó el cargo a continuación, ha denunciado en un escrito la "ocultación dilatada, y no se sabe si deliberada, de importante material de investigación", lo que cree "injustificable" y una violación de derechos constitucionales.

Su abogado, José Estanislao López Gutiérrez, afirma en el escrito que si se considera que las ayudas a Altadis y A-Novo fueron malversadas, "no hay más remedio que ampliar la imputación" a las casi 6.000 personas que en algún momento se han beneficiado de ayudas.

El escrito califica de "entremés" el debate jurisdiccional entre la Fiscalía Anticorrupción y la juez sobre la necesidad o no de despiezar el caso de los ERE y pide la nulidad de los principales trámites del proceso.

En el mismo sentido se ha pronunciado el escrito presentado por Miguel Ángel Serrano, ex director general del IFA, quien ha asegurado que esa entidad era "una mera caja pagadora", que no podía negarse a abonar ayudas acordadas por la Junta y que el pago "no forma parte del procedimiento administrativo" de una ayuda.