El Parlamento andaluz acumula doce preguntas de iniciativa ciudadana registradas por vecinos residentes en la comunidad autónoma en lo que va de legislatura, de las que sólo una de ellas ha recibido contestación por parte del Consejo de Gobierno, según los datos consultados por Europa Press en la propia web de la Cámara autonómica al cierre del periodo de sesiones.

   Las preguntas de iniciativa ciudadana, reguladas en el artículo 165 del Reglamento de la Cámara, permiten a los andaluces y al resto de ciudadanos residentes en Andalucía, o a las personas jurídicas con domicilio o establecimiento permanente en la comunidad, formular preguntas para su respuesta oral al Consejo de Gobierno o a cada uno de sus miembros, siempre que dichas cuestiones sean asumidas por algún diputado.

   La primera pregunta ciudadana registrada en el Parlamento andaluz en la actual legislatura, relativa a la protección de los ciudadanos frente a los desahucios, es la única contestada hasta el momento tras ser asumida por la diputada de IULV-CA por Cádiz, Inmaculada Nieto, y respondida en la Comisión de Fomento y Vivienda por la titular de este departamento, Elena Cortés, en octubre de 2012.

   En concreto se trataba de una pregunta formulada por los ciudadanos Juan Luis Caballero Delgado, David Blanco Murcia, Pablo Alvero Baliña y Aguas Santas Quero Reyes, que se interesaban por conocer si la Junta "tiene previsto adoptar con prontitud medidas eficaces para solucionar el gravísimo problema habitacional que padece Andalucía" o "impulsar las imprescindibles reformas que otorguen protección jurídica y material a las personas arrendadas e hipotecadas, evite los desahucios continuados, permita la rehabilitación del parque de viviendas deteriorado y ponga en uso la enorme bolsa de viviendas vacías para que quienes carecen de alojamiento, incluida la gran masa de jóvenes que se ven incapaces de llevar una vida independiente que garantice el libre desarrollo de su personalidad, puedan obtenerlo".

   Las otras ocho preguntas de iniciativa ciudadana admitidas a trámite en lo que va de legislatura se refieren a asuntos como el desarrollo de la Ley andaluza de Protección de los Animales, el retraso en los pagos a los letrados del turno de oficio, la inversión en tablets para alumnos de sexto curso de Primaria, los casos de violencia sobre la mujer, las irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta o la idoneidad de mantener en el cargo a miembros del Ejecutivo andaluz "sospechosos de corrupción".

   Sólo una de ellas, la relativa a la desafección de montes públicos en el entorno de Doñana, ha sido asumida por ahora por un diputado, en concreto Manuel Baena (IULV-CA), para su tramitación ante la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Las otras diez no han sido asumidas hasta ahora por ningún parlamentario, por lo que no se han podido sustanciar.

SOLO UNA CONTESTADA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA

   El Parlamento andaluz cerró la anterior legislatura con apenas cinco preguntas de iniciativa ciudadana registradas por vecinos residentes en la comunidad autónoma, de las que sólo una de ellas recibió contestación por parte del Consejo de Gobierno, según los datos consultados por Europa Press.

   Estas iniciativas son computables a efectos del cupo correspondiente a cada grupo parlamentario y sólo podrán formularse un máximo de cuatro en cada sesión plenaria. Deben presentarse por escrito en el Registro General del Parlamento y contener los requisitos de identificación previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

   Tras su examen, la Mesa del Parlamento ordenará su traslado a los grupos parlamentarios si cumplen los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento. Para que estas preguntas puedan tramitarse en Pleno o en comisión, deberán ser asumidas por algún miembro de la Cámara, quien lo comunicará a la Mesa. Si fueran varios los diputados que desearan formular una misma pregunta de este tipo, se le asignará al primero que manifieste su intención de hacerlo.

   La decisión de formularla en Pleno o en comisión corresponderá al diputado a quien le haya sido asignada. En todo caso, al inicio de su intervención, hará constar la autoría de la iniciativa, y en su formulación no podrá modificar en lo sustancial el contenido originario del texto.