Ha pasado casi desapercibido en los medios de comunicación y en la agenda política el reciente auto de Garzón por el que son procesados cuarenta y cuatro dirigentes del nacionalismo furioso del País Vasco, más conocido como izquierda abertzale. Amigos de ETA, en realidad, a la que siempre han querido representar en los diferentes ámbitos de la política.

Ser amigo y cómplice de una banda terrorista tiene relevancia penal. Y eso es lo que se valora y se califica a lo largo de los 583 folios del auto de procesamiento dictado el lunes pasado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El auto viene a ser un preciso recuento de las numerosas operaciones de camuflaje llevadas a cabo por los líderes del nacionalismo radical para escapar al cerco judicial con el fin de seguir participando en los procesos electorales.

No se trata de aplicar la Ley de Partidos Políticos sino el Código Penal. El supuesto delictivo es el de integración en organización terrorista. Y afecta a los responsables de todas las opciones electorales o partidos políticos que, con unas u otras siglas, han ido fletándose artificialmente para contar siempre con palancas institucionales al servicio del mismo fin, la independencia de Euskal Herria, y siempre bajo la misma dirección: la de la banda terrorista ETA.

Entre otras cosas, el auto de Garzón viene a poner en evidencia ese brote de relativismo moral contenido en una nota pública del Obispado de San Sebastián que, en vísperas de dichas elecciones autonómicas, a la contra de las decisiones judiciales y tal vez del quinto mandamiento, se manifestó en desacuerdo con la exclusión legal de las dos listas vinculadas a ETA que quisieron concurrir el 1 de marzo. También es una forma de desmentir al PNV, cuando los dirigentes de este partido aún califican de “fraudulentos” los resultados de las recientes elecciones, por los votantes huérfanos de opciones legalmente inhabilitadas.

Procede recordar todo esto mientras se sustancia el acercamiento de Patxi López (PSE) y Antonio Basagoiti (PP vasco), previo a la constitución del nuevo Parlamento vasco, para concertar las dos grandes líneas de la normalización democrática. Una, compromiso real de hacerle la vida imposible a ETA. Dos, exclusión de las cuestiones identitarias de la agenda política. Un reto histórico para los dos partidos centrales de nuestro sistema político frente a la tentación segregacionista y el abominable terrorismo de ETA.