El juicio por la presunta petición de una comisión de 450.000 euros en Mercasevilla ha sido aplazado hasta este miércoles ante la imposibilidad de oír con nitidez la grabación hecha a tres de los acusados debido a un problema técnico, que ha sido solucionado por un miembro del jurado, informático de profesión.
La cinta grabada por los empresarios denunciantes comenzó a reproducirse en la sala de vistas de la Audiencia de Sevilla pero el propio magistrado, Ángel Márquez, ordenó detenerla por las evidentes dificultades para discernir lo que en ella se decía, pese a que él mismo la había oído en su despacho con total nitidez.
Aunque un miembro del jurado solucionó el problema durante un breve receso, con posterioridad el reproductor fue supervisado por un técnico de la Junta y quedó listo para seguir el juicio, según informó a Efe un portavoz de la Consejería de Justicia.
La Junta “dispone de los medios adecuados para, en caso de que pueda originarse otra anomalía puntual y similar, conectar el sistema de reproducción de sonido a otro equipo alternativo y garantizar así su audición y el normal desarrollo de este juicio”, según el portavoz.
En la cinta, los exdirectivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce piden a dos empresarios del Grupo La Raza una comisión en forma de “contribución voluntaria” como condición para adjudicarles la Escuela de Hostelería que iba a construirse en el mercado. “La Junta colabora con quienes colaboran”, dicen presuntamente en la grabación, para luego ofrecer a cambio a La Raza “más subvenciones para futuros cursos y la concesión de todos los catering que se organizaran” en empresas públicas.
De Wahninkhof a Zoido
La jornada ha escuchado también las alegaciones previas del abogado de Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla, quien aseguró que el caso responde a intereses políticos, comparándolo con personas que fueron acusadas y luego absueltas como Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wahnninkhof o la atleta Marta Domínguez, detenida en su casa y acusada de dopaje.
Este abogado, Simón Fernández Rebollo, ha asegurado que detrás del caso Mercasevilla hay un “claro interés político” del Partido Popular, cuyo líder andaluz y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, se personó como acusación cuando era candidato a la alcaldía y su partido se enfrentaba a los casos Gürtel o Palma Arena.
Frente al abogado del PP, quien había afirmado que Zoido denunció el caso Mercasevilla “como un puro ciudadano”, Fernández Rebollo ha respondido que no lo hizo como “un ciudadano puro”, sino para “sacar una relevancia política y petardear el criterio del jurado”.
El defensor ha incluido en esta crítica a la Fiscalía, que en algunos juicios contra el líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegui retiró la acusación “por motivos políticos y ese señor salió absuelto”.
Fernández Rebollo ha pedido al jurado que “no caiga en la tentación de la famosa grabación” como prueba del cohecho, porque su validez está recurrida ante el Constitucional, y ha defendido que los acusados no pueden ser condenados porque no tenían autoridad para otorgar la Escuela de Hostelería.
El abogado de la funcionaria Regla Pereira, Carlos Galán, ha dicho que su cliente es “la parte más débil”, una “simple secretaria” a quien dieron un puesto directivo “sin ningún poder de decisión” y ha asegurado que la juez instructora de los ERE, Mercedes Alaya, “se equivocó” al procesarla porque en sus propias resoluciones reconocía que los indicios contra ella eran “débiles”.
Francisco Baena Bocanegra, abogado del exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas, afirmó que su cliente, como miembro de la Junta, no tenía “la menor capacidad” para intervenir en Mercasevilla y ha dicho que frente al mensaje de que los acusados “solo querían trincar”, la realidad es que “con estos mimbres solo se pueden hacer sillas de tres patas, que no tienen cabida en el Derecho Penal”.
Repaso también a los medios
“No caigan en la tentación de hacer caso de los medios y de pensar que el tema es fácil, porque entonces van a tener un prejuicio”, ha afirmado Fernández Rebollo.
