El abogado que denunció al juez de Familia sevillano Francisco Serrano, condenado a diez años de inhabilitación, ha pedido también que se abra expediente al abogado Joaquín Moeckel, que lo defendió en algunas causas penales, y a otros dos letrados que intervinieron en la causa.
El abogado Iñigo Moreno Lara, en un escrito al que ha tenido Efe, pide al decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, la apertura de un expediente disciplinario contra Moeckel por presunta falta muy grave, pues le considera autor del "ardid procesal" que ha llevado a la condena de Serrano.
Moeckel fue el abogado que, en nombre de Serrano, presentó una denuncia contra la presidenta del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Inmaculada Montalbán, y también defensor del padre del niño cuyo régimen de visitas modificó el juez y que ha motivado su condena por prevaricación.
Según Moreno Lara, el expediente a Moeckel debe abrirse por "su probada participación en los hechos que han conducido a la perdida de carrera de Francisco Serrano Castro, condenado por prevaricación dolosa judicial".
La actuación de Moeckel fue "indigna", según Moreno Lara, que le imputa una falta muy grave del Estatuto General de la Abogacía por "la comisión de delitos dolosos, en cualquier grado de participación, como consecuencia del ejercicio de la profesión, así como los actos y omisiones que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas éticas que la gobiernan".
Sostiene en su denuncia que "jamás se hubiera producido el delito" por el que ha sido condenado Serrano "sin la decidida intervención de Joaquín Moeckel, buscando lucrar el éxito de un proceso de divorcio en un juzgado que no tenía competencias, mediante un ardid procesal".
La denuncia se amplía a otros dos abogados que intervinieron en el cambio de visitas del niño en nombre de otros familiares, a los que también imputa una falta muy grave.
Según ha dicho Moreno Lara a Efe, la sanción para la falta denunciada podría suponer apartarles del ejercicio de la abogacía de tres meses a dos años.
