Daniel Sánchez demandó a la Junta de Andalucía por despido al no renovársele el contrato que tenía como asesor de empleo, como sí se hizo con los 450 asesores restantes.
Según ha afirmado el Partido Popular en un comunicado, “el propio delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Bouza, afirmó que todo partía de una interpretación errónea y que no se les había renovado porque en Sevilla entendían que no les correspondía la excedencia forzosa, por lo que no firmaron la prórroga”.
Sin embargo, “cuando llegó la hora del juicio, ante la metedura de pata, el propio letrado de la Junta de Andalucía pidió en la vista que se estimara la falta de acción de despido, fallo por el que finalmente optó la jueza del caso”.
Para el PP, se trata de “una prueba más del sectarismo y la manipulación constante que el Partido Socialista hace en las administraciones públicas donde gobierna, intentando castigar a los trabajadores por su afiliación política”.
A juicio del PP, “ha quedado claro que la Junta de Andalucía no le renovó por si colaba, pero ahora han sido los tribunales los que le han puesto la cara colorada al delegado de Empleo”.
Por ello, “ahora tienen que salir a dar explicaciones de por qué se malgasta dinero público haciendo llegar hasta instancias judiciales casos como éste, que lo único que hace es colapsar los juzgados y dañar la imagen de la Junta de Andalucía con claros casos de sectarismo político”.
Por su parte, Daniel Sánchez ha calificado como “muy triste que para resolver mi situación profesional, que tanto sacrificio me ha costado, hayamos tenido que llegar hasta juicio, lo cual resulta impensable si le hubiese ocurrido a un afiliado al PSOE”.
