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La Fiscalía pide 34 años de prisión para la parricida de La Alcantarilla

La acusa, además, de "planear lo que iba a realizar con días de antelación".

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  La Fiscalía de Jaén ha pedido 34 años de cárcel a la autora confesa de la muerte de sus hijos, de once y tres años de edad, en su domicilio de la calle Alcalde Cancio Uribe del barrio de La Alcantarilla de la capital jiennense el pasado 29 de septiembre, del mismo modo que la ha acusado de "planear lo que iba a realizar con días de antelación", según relata el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press.

Así, la tarde anterior a los hechos, una vez que su marido salió del domicilio familiar el día 28 de septiembre de 2011, para adormecer a su hijos, la acusada, Ruth B.V., cogió varias dosis de medicamentos y los aplastó utilizando para ello un mortero, reduciéndolos a polvo, con la intención de mezclarlos con productos alimenticios como fueron un yogur común y otro líquido y así conseguir que los niños los ingirieran.


De esta forma, como relata la Fiscalía, esta actuación iba dirigida a dormir a los niños, para conseguir asegurar el resultado de sus acción, matar a sus hijos, impidiendo la posible defensa de los menores o que estos, de alguna forma, pudieran avisar a un mayor o solicitar su ayuda. Sin embargo, ese día no llegó a realizar su plan, lo dejó para el día siguiente.

Asimismo, según continúa el escrito, el mismo día de los hechos, por la mañana, llevó a los niños al colegio, acudió al banco, sacó un total de 250 euros, tras consultar movimientos, y pagó la cuota de la comunidad de vecinos de su domicilio. Así, recogió a los niños a la salida de clase junto a su marido y, por la tarde, tras despedirse de su marido, antes de que éste acudiera a una sesión de rehabilitación, puso de nuevo su plan en marcha, pues cogió de un armario de la cocina los medicamentos que el día anterior había machacado y los disolvió en el yogur líquido.

Al hilo, la fiscal fija las 17,00 horas como momento en que el hijo mayor se tomó dicho yogur, si bien el menor ingirió otro a continuación esperando la acusada a que se durmieran mandándolos a acostar en la cama del dormitorio de matrimonio. Así, una hora más tarde, Ruth B.V. comenzó a asfixiarlos con una mantita, primero al pequeño, que se encontraba en dicha cama tendido junto a su hermano, y más tarde al mayor. Tras matar a sus dos vástagos, llamó por teléfono a la casa de su hermano, no consiguiendo hablar con él y sí con la mujer del mismo, a la que dijo "que había matado a sus hijos", avisando ésta a su marido y este a los servicios de emergencias.

Según constatan los informes, Ruth B.V. sufrió una depresión posparto tras el nacimiento de su segundo hijo, a los tres meses de ello, en febrero de 2008, habiendo sido tratada por Salud Mental en dos episodios depresivos graves con melancolía y riesgo suicida en febrero de 2008 y septiembre de 2009. Así, en el momento de los hechos la acusada padecía un trastorno depresivo mayor sin síntomas psicóticos, asociado a un trastorno de personalidad dependiente no descompensado, siendo la capacidad de comprensión de la ilicitud de los hechos compatible con la normalidad.

Además, poseía una alteración parcial de la capacidad de actuar conforme a tal comprensión, motivada por una idea sobrevalorada o delirante --no puedo cuidar de sus hijos por su enfermedad y que ellos sufrían mucho y sufrirían en el futuro como ella había sufrido con la enfermedad de su madre--, que incidía en su capacidad volitiva al no poder dirigir libremente su conducta.

Así las cosas, la fiscal la acusa de dos delitos de asesinato, con la agravante de la responsabilidad penal en ambos delitos de parentesco y las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de alteración psíquica, por lo que pide para ella 17 años de prisión por la muerte de cada uno de los menores, así como la prohibición de residir en la localidad donde viva el padre de los menores y comunicarse con él por cualquier medio durante diez años más de la pena de prisión que recaiga.

En cuanto a responsabilidad civil, la Fiscalía pide que indemnice al padre de los menores en la cantidad de 150.000 euros por cada hijo, haciendo un total de 300.000 euros.

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